Las víctimas de abusos sexuales catalanas se “bajan del tren” de la investigación del Defensor del Pueblo. En contrapartida, se han unido para impulsar una propuesta de ‘Comisión de la Verdad’, que investigue de forma “independiente y resolutiva” los abusos sexuales perpetrados en el ámbito de la Iglesia en Cataluña.
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Forman parte de esta iniciativa el escritor Alejandro Palomas, Miguel Hurtado –víctima de la Abadía de Montserrat y presidente de Infancias Robadas–, Esther Pujol, Manuel Barbero y la activista Vicki Bernadet. De esta manera, dan un paso más allá en su organización, que ya no se dedicará únicamente a la atención a otras víctimas, sino que abre un camino mucho más amplio: el lobby de influencia política.
Bajo el nombre Plataforma Tolerancia 0, el proyecto ha sido presentado hoy en Barcelona en una rueda de prensa en la que se ha aprovechado para señalar que no se dará apoyo, tal como recoge EFE, a la comisión que debe investigar los abusos infantiles impulsada en el Congreso por parte del Defensor del Pueblo, ya que sus integrantes consideran que no se contempla que tenga poderes coercitivos de investigación, por lo que “la jerarquía católica se podría negar a participar en su conjunto o según las diócesis”.
“Nos bajamos del tren”
Por su parte, Hurtado ha señalado que el procedimiento legislativo para esta comisión sería que el Parlament aprobara una proposición no de ley en la que apoyase su creación, ya que esta precisa “voluntad política” para salir adelante.
“Nos bajamos del tren”, ha explicado Hurtado, al no considerar que sea una herramienta adecuada, aunque tanto Vicki Bernadet como Manuel Barbero han afirmado que la no presencia de sus entidades no deslegitima en absoluto la investigación que pueda hacer el Defensor del Pueblo.
Por su parte, el escritor Alejandro Palomas, quien reveló recientemente haber sido víctima de abusos en el colegio religioso al que asistió cuando tenía 9 años, ha señalado que la comisión del Defensor del Pueblo “no me vale, no es suficiente” porque, a su juicio, debe contar con poderes coercitivos para obligar a comparecer en la misma. “Es como si vas a una tienda y el vendedor es encantador pero lo que tiene de producto no te vale, igual”, ha explicado Palomas.
