No habrá una horquilla histórica preestablecida para investigar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia española. Fuentes episcopales han explicado a Vida Nueva que no se establecerá más límite temporal que el marcado por el caso más antiguo que llegue a través de todos los canales habilitados para formular las denuncias, sean las oficinas diocesanas, las congregaciones religiosas, los medios de comunicación o el despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo, responsable de afrontar la auditoría externa.
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Esta decisión responde a las máximas que tanto el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, como el presidente del bufete, Javier Cremades, se han marcado: investigar “hasta el final”. Hoy por hoy, este estudio se encontraría en una fase inicial de recopilación de información, más compleja de lo previsto inicialmente.
Por un lado, tal y como ha ratificado la asociación Infancia Robada, en el despacho se habrían visto desbordados tanto por las peticiones recibidas como por su inexperiencia en el campo de la victimología. Con bagaje en demandas colectivas sobre temas administrativos, habrán aplicado similares protocolos y formularios para los supervivientes de abusos, sin ahondar en su singularidad.
“No es lo mismo que tú acudas a unos abogados a reclamar un dinero por unas preferentes que exponer cómo alguien te ha destrozado la vida”, comentan desde la plataforma sobre la “frialdad” de la toma de contacto online, la demora en la respuesta, un formulario ajustado a la ley de protección de datos pero en el que se les define como ‘afectados’, los restringidos horarios de atención telefónica y la ausencia de formación psicológica para quienes han designado para lo que debería ser una primera acogida. Al parecer, Cremades ya habría tomado nota sobre este proceder.
Valorar el camino recorrido
Por otro lado, en estos primeros pasos de la auditoría también se habría puesto de manifiesto la necesidad de coordinar y apoyar a las diferentes instituciones eclesiales para configurar la metodología de trabajo. De ahí, la celebración de una jornada de trabajo el jueves 31 de marzo con la participación tanto de las oficinas diocesanas de atención a las víctimas como de diferentes congregaciones religiosas, así como de Escuelas Católicas. Se trata de la primera vez que los delegados de los obispos en esta materia y de los institutos de vida consagrada se sientan con Cremades&Calvo Sotelo para valorar el camino recorrido, canalizar datos y aunar esfuerzos.
Más allá de estos desajustes iniciales, en el seno del Episcopado se sienten satisfechos por haber pasado “de una actitud reactiva a otra proactiva” en la crisis de los abusos, que se manifestaría en la auditoría, en las mutuas relaciones y, sobre todo, en la escucha a las víctimas. De hecho, el cardenal Omella ya se habría reunido con varias asociaciones y particulares a puerta cerrada por respeto.
