Para el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, prohibir las concentraciones para orar e informar ante las clínicas abortivas es una “restricción preocupante para la libertad en el espacio público”. Así se manifestó esta mañana el arzobispo de Barcelona durante su discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de primavera, que comenzó esta mañana y que se extenderá a lo largo de toda la semana.
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El purpurado aterrizó en la cuestión de la reforma del Código Penal que convierte en delito el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas abortistas. El presidente del Episcopado defendió que “el Estado, en lugar de potenciar el aborto, debería proteger con ayudas económicas y sociales a quien decida dar a luz una nueva vida”, aseveró el presidente de los obispos con un mensaje directo al Gobierno y al Congreso de los Diputados: “Al Estado no le corresponde hacer proselitismo del aborto, sino garantizar la libertad y la asistencia a la persona sea cual sea su decisión”.
Cultura de la cancelación
En esta misma línea, alertó de cómo las libertades están “en peligro” y se hizo eco de la llamada “cultura de la cancelación”, como un conjunto de “nuevos dogmas” que generar un “clima asfixiante” para quien los contradice.
Es más, Omella pronunció su discurso más duro en términos políticos atacando desde varios frente algunas iniciativas gubernamentales, sin citar en ningún momento a Moncloa, pero sí criticando “algunas ideologías, que no toleran la visión de la Iglesia y la menosprecian”. “Podemos pensar diferente sin tener que ser atacados. Todos merecemos respeto”, planteó.
Respeto a la diferencia
“La Iglesia promueve el respeto a la diferencia, y defiende el principio de subsidiariedad del Estado en su acción, el cual ha de proteger la libertad de los ciudadanos permitiéndoles defender respuestas y soluciones diversas a las ‘políticamente correctas’”, defendió.
En esta misma línea, defendió la objeción de conciencia frente al aborto y la eutanasia como “un derecho necesario en la vida democrática” y como “garantía de verdadera convivencia”. Tampoco se olvidó de recordar la necesidad de preservar la libertad religiosa.
Puntos de fricción
“La Iglesia no desea ni busca ningún tipo de privilegio ni de especial protección”, apuntó, adentrándose en cuatro “puntos de fricción con el modus vivendi de las ideologías pujantes en este momento”: la visión católica del ser humano, la moral sexual, la identidad y la misión de la mujer en la sociedad, y la defensa de la familia formada por el matrimonio entre un hombre y una mujer.
En su denuncia fue más allá para subrayar cómo se está intentando ” desterrar de la vida pública fiestas y símbolos religiosos, especialmente el crucifijo —a pesar de ser un símbolo portador de valores universales—, así como la tentación de crear un monopolio estatal educativo bajo apariencia de neutralidad”. Incluso, recordó una vez más que “los hijos no son propiedad del Estado”.
Crisis social
Al repasar la actualidad española, se hizo eco de las alertas lanzadas por el informe Foessa de Cáritas, felicitando al paso a la plataforma eclesial por sus 75 años de entrega. A partir de los dos millones de pobres que describe el estudio, apreció medidas como el Ingreso Mínimo Vital puesto en marcha por el Gobierno que calificó de “buen instrumento”, pero recordó que su cobertura “es insuficiente”.
Además, incidió en la “desconexión” entre los españoles y las instituciones y la democracia: “Esa desconfianza recorre como un fantasma todo el mundo occidental”. “Lo que es evidente es que la bronca entre los políticos hace mucho daño”, aseveró el arzobispo de Barcelona, que se hizo eco del “hartazgo social ante la falta de acuerdos entre los grandes partidos y ante la incapacidad de colaboración para promover el bien común de los ciudadanos”.
Democracia en peligro
Es más, advirtió de que “existe el riesgo de que la convicción, hasta ahora profundamente arraigada, de que la democracia es el mejor sistema político posible, se diluya”.
En la línea que mantuvo su predecesor en el cargo, Ricardo Blázquez, Omella sostuvo que “la Constitución no es un dogma ni un texto inamovible, pero ofrece un marco que goza de amplio consenso” para favorecer la convivencia. En este sentido, tendió la mano de la Iglesia para trabajar de la mano de las administraciones y la sociedad civil -sector privado- “en beneficio de los ciudadanos”.
Apoyo a Ucrania
El cardenal arrancó su intervención ante la Plenaria con una condena a la “masacre insensata” en Ucrania, haciendo suyas las reflexiones del Papa Francisco en relación a esta guerra “sacrílega”. Junto al llamamiento a una paz “basada en la justicia, la verdad y el perdón”, Omella valoró el “despertar de los europeos” en la acogida a los refugiados y a la hora de defender “la libertad y el derecho a la vida” ante la crisis ucraniana. “En esta hora difícil, es necesario reivindicar la democracia y el orden internacional basado en el Derecho”, argumentó.
El presidente de los obispos no dudó en reivindicar un “liderazgo político y un cambio cultural y moral para recuperar los pilares sobre los que ha nacido el proyecto europeo”, reivindicando las raíces cristianas del continente. En relación a la crisis de los refugiados, suscribió el compromiso de la Iglesia, pero reclamó “una acción más coordinada entre todos los actores públicos y privados”.
