Tras la pausa de la Semana Santa, poco a poco, se retoman las audiencias por el juicio sobre la malversación de fondos de la Secretaría de Estado del Vaticano. La sala polivalente de los Museos Vaticanos acogió este miércoles, 27 de abril, la declaración del antiguo director –sería el numero dos– de la Autoridad de Supervisión Financiera del Vaticano (AIF), Tommaso Di Ruzza, uno de los 10 acusados en el caso. La fiscalía acusa al exfuncionario de malversación, abuso de funciones y violación del secreto de oficio.
Di Ruzza, en su declaración que ha durado unas cuatro horas, ha defendido su posición en la operación irregular de la compra de un edificio de lujo en Londres. Para el supervisor, “la AIF actuó correctamente, dentro de los límites de su mandato, y con respeto a las prerrogativas del IOR”, el conocido Banco Vaticano, también vigilado en el proceso por el crédito con el que se financió el inmueble. En el punto de mira del juicio sigue el lujoso edificio que el Vaticano compró –en gran parte con donativos de los fieles– en Londres en 2014 y que acarreará unas pérdidas de 217 millones de euros a la Santa Sede después de su inminente regularización.
El funcionario ha reiterado: “Siempre he actuado exclusivamente en interés de la Santa Sede, de acuerdo con el mandato que se me dio y dentro de los límites de la información disponible”. Además, ha remarcado que “nunca había conocido ni tenido relaciones con Tirabassi, Torzi, Mincione, Squillace, Crasso o Marogna”, acusados en el proceso. Tuvo que explicar también los 15 millones facturados a Torzi para “recuperar el control directo de la propiedad” londinense, algo que se aceptó como el pago de “un servicio de desarrollo estratégico no gratuito”.
La próxima audiencia está prevista para este 28 de abril, donde debería declarar el financiero Enrico Crasso. Este ha denunciado que las pruebas de la Fiscalía contienen omisiones en los testimonios a los que ha accedido la defensa de los acusados, algo que el tribunal ha rechazado. Luego, el 5 de mayo seguirá con el interrogatorio al excardenal Angelo Becciu, acusado de malversación de fondos y extorsión. Esta vez, el purpurado se sentará en el banquillo después de que el papa Francisco haya permitido que pueda romper el secreto pontificio y poder defender su posición.