El Supremo de Estados Unidos planea ilegalizar el aborto y Biden avisa: “El derecho de una mujer a decidir es fundamental”

Se ha filtrado el documento de 98 páginas con el que el Alto Tribunal pretende derogar la sentencia Roe versus Wade

Joe Biden

En 1973, la histórica sentencia del caso Roe versus Wade sentaba precedente en Estados Unidos: a partir de ella se sentaba el precedente para que el país se permitiese el aborto hasta el fin del primer trimestre de gestación. Ahora, casi cinco décadas después, un texto del Tribunal Supremo podría poner fin al aborto legal en Estados Unidos.



Todo comenzaba este mismo martes con la filtración, por medio del portal ‘Político’, de un documento de 98 páginas y firmado por el juez del Alto Tribunal Samuel Alito. Y es que se trata del borrador de un texto que, tal como revela Europa Press, muestra la disposición de la mayoría de miembros del Supremo a anular el histórico fallo, por lo que el aborto dejaría de ser un derecho constitucional en el país. Horas más tarde, el Tribunal reconocía la autenticidad del documento, a la vez que señalaba que se iba a investigar la autoría de la filtración.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden –segundo presidente católico de Estados Unidos y que ya ha protagonizado desencuentros con los obispos del país en relación al aborto– ha advertido, de forma inmediata, que el Ejecutivo ya está preparando una “respuesta” para defender el derecho al aborto ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo lo ilegalice.

“Un ataque continuo contra el aborto”

“Estaremos listos cuando se emita cualquier fallo”, expresó el presidente en un comunicado hecho público después de que se filtrara un borrador, en declaraciones recogidas por EFE. Asimismo, el mandatario detalló que, ante los intentos de varios estados republicanos de restringir el aborto, ha ordenado a los abogados de la Casa Blanca que preparen “opciones para una respuesta de la Administración al ataque continuo contra el aborto y los derechos reproductivos”.

“El derecho de una mujer a elegir es fundamental, ‘Roe’ ha sido la ley del país durante casi 50 años, y la equidad exige que no sea anulada”, ha reivindicado Biden, haciendo, asimismo, un llamamiento a los estadounidenses para que, en las próximas elecciones, voten a legisladores que estén a favor del aborto.

“Si el Supremo anula ‘Roe’, recaerá sobre los legisladores electos en todos los niveles la responsabilidad de proteger el derecho de las mujeres a decidir”, afirmó Biden. De esta manera, el presidente asegura que el país necesita “más senadores a favor del derecho a decidir” y una “mayoría” en la Cámara de Representantes para aprobar una legislación que proteja el derecho a la interrupción del embarazo.

Actualmente, la máxima instancia judicial de Estados Unidos cuenta con seis jueces conservadores y tres liberales. Sin embargo, el documento aún se encuentra en fase de borrador, por lo que la decisión podría variar. Será el próximo mes de junio cuando el veredicto se haga oficial.

La estela de Texas

La filtración se ha producido justamente cuando un nuevo estado se suma a Texas en las prohibición casi explícita del aborto en su territorio. Si bien no queda prohibido –porque sería anticonstitucional– este estado promulgaba una nueva ley por la cual animaba a los ciudadanos a denunciar, siendo recompensados económicamente, a aquellas personas que ayudasen a abortar a una mujer, con diferentes agravantes dependiendo de una serie de supuestos como la situación de la madre, el estado del embarazo o las condiciones de la concepción.

Según The New York Times, inspirados por la norma de Texas, más de dos docenas de estados republicanos preparan ya proyectos de ley que prohibirían el aborto si el Supremo anula, definitivamente, Roe versos Wade. Sin embargo, ya son varios los estados en los que se han presentado textos de prohibición o restricción del aborto, siendo Idaho el primero de ellos.

Las mujeres de Idaho no podrán acceder al aborto a partir de la sexta semana de embarazo. Además, la ley de Idaho contempla premiar con hasta 20.000 dólares (10.000 dólares más que en Texas) a aquellos familiares de un “bebé no nacido” que denuncien a la clínica o a toda aquella persona o colectivo que ayude a la mujer a abortar.

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