Iglesia colombiana: “Urge una salida negociada al conflicto armado”

10/05/2022 | Ángel Alberto Morillo

La extradición del narcotraficante Otoniel llevó a organizaciones criminales a decretar un paro armado en varias regiones

La extradición hacia EEUU del narcotraficante Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, ha desatado una ola de violencia en varios departamentos colombianos: Antioquia, Córdoba, Sucre, Cesar, Bolívar, Magdalena y Santander.

El Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional y las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) han impuesto un paro armado y con ello quema de vehículo, amenazas a comerciantes y cierre de vías, por ello, la Iglesia y organizaciones sociales han clamado buscar una salida negociada.

“Dadas las circunstancias de control territorial y social que en algunas regiones del país ejercen el Clan del Golfo y el ELN, consideramos que es absolutamente necesario abordar de nuevo la opción de la solución negociada al conflicto armado”, han expresado.

Por tanto, esperan que, tanto la Institucionalidad como los actores armados ilegales, “escuchen el clamor del pueblo colombiano y den signos de construcción de paz a través del diálogo y procesos de sometimiento a la justicia”.

Promover el diálogo

Asimismo han expresado condolencias a las familias de las víctimas –fuerza pública como sociedad civil – de este paro armado que comenzó el 05 de mayo, un día después de la extradición, y que levantarán este 10 mayo.

“Invitamos al pueblo colombiano a aceptar el llamado del Papa Francisco, para que promovamos el diálogo y la amistad social”, han insistido.

La Iglesia y las organizaciones etnicoterritoriales y sociales que “velan por la paz y los derechos humanos, condenamos enérgicamente la situación de confinamiento a la que han sido sometidos los habitantes de los treinta municipios del departamento del Chocó y once de Urabá, como consecuencia del ‘paro armado’”.

Llamado urgente

Por otra parte, han exigido al Clan del Golfo “observar el Derecho Internacional Humanitario, de modo que cesen inmediatamente las acciones violentas contra la sociedad civil”, las cuales “se traducen en afectaciones a los derechos a la vida, la salud física y psicosocial, la educación, el trabajo, la propiedad, la alimentación y la libre movilización”.

Al Gobierno Nacional han pedido “garantizar la seguridad y la paz de forma permanente para los ciudadanos de los departamentos del Chocó, de Antioquia y de todo el territorio nacional, mediante la protección a la ciudadanía y la neutralización de las acciones de la ilegalidad” en atención a “sus compromisos constitucionales”.

Foto: Caracol TV