El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha dado un paso más en su cruzada contra la Iglesia de este país. La Asamblea Nacional, controlada por él, ha dado luz verde a un informe en el que acusa a la jerarquía eclesiástica, a sacerdotes, religiosos y religiosas de participar en un golpe de estado contra su persona e incitar al odio contra el ejecutivo. Por su parte, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez en el exilio, se ha mostrado firme frente a la embestida: “No tenemos miedo”.
El texto aprobado anuncia un cambio legislativo para que se incluya en el Código Penal la posibilidad de juzgar a todos los miembros de la Iglesia que, a juicio del mandatario, participaron en el intento de derrocarlo de 2018.
La razón que llevaría al presidente a acometer estos cambios, sería que “las víctimas del golpismo demandan justicia para con los religiosos y directores de Organizaciones de Derechos Humanos” en la isla. Estas “víctimas” -todas ellas simpatizantes del régimen- habrían solicitado “una investigación exhaustiva para que sean juzgados por traición a la Patria”.
El ‘delito’ cometido por sacerdotes y religiosos fue la utilización de los templos como refugio para proteger a los manifestantes que en 2018 buscaban derrocar a Ortega de la brutal represión desatada por este. También desde los púlpitos se denuncia la situación del país y los abusos de poder del mandatario.
Sin embargo, estas nuevas no hacen temblar el pulso a los obispos nicaragüenses. “Más allá de las amenazas de quienes odian a la Iglesia, hay una mano fuerte que la guía y la protege. La mano de Jesús, que sostiene a la Iglesia, es más fuerte que las calumnias y la persecución que se desatan contra ella. La Iglesia puede parecer débil, pero no lo es. No tengamos miedo. Estamos en buenas manos”, replicó durante una homilía Báez.
A continuación, el prelado denunció que “en la sociedad hay voces que intimidan y oprimen, voces que se alzan altaneras para imponerse y aplastar libertades. No permitamos que esas voces nos condicionen y nos llenen de temor. Son voces que provienen de corazones oscurecidos y de conciencias atormentadas. No escuchemos esas voces, no nos acostumbremos a esas voces”.
Para concluir su homilía, Báez recordó que “Jesús no nos deja recluidos en espacios cerrados, no nos concibe tristes, cautivos o sometidos. Jesús abre espacios y caminos. Un pastor auténtico propicia libertades no provoca miedos. Jesús nos empuja a caminar por senderos nuevos, fuera de rediles que esclavizan y refugios que aíslan. Jesús es pastor de un “rebaño en salida”, que él conduce hacia nuevos horizontes para la fe, para el pensamiento y para la vida.
La Asamblea también ilegalizó 50 organizaciones de la sociedad civil, al considerar que no han rendido cuentas al Gobierno bajo los términos de una ley que las declara como “agentes extranjeros”.
Según esa legislación, todas las organizaciones que reciben fondos del exterior deben justificar cómo los utilizan. Según el diputado Filiberto Rodríguez, presidente de la comisión de Defensa y Gobernación del Parlamento, son organismos que “no quieren rendir cuentas, no quieren decir de dónde vienen sus fondos, de qué países”.
La nueva ley también pretende la confiscación de los bienes de los acusados, y otorga poder al Gobierno de mantener presos a los sospechosos hasta 90 días sin juicio. Aunque, como denuncian defensores de los Derechos Humanos en la isla, los jueces tampoco son garantes de un juicio justo. Presionados por Ortega, han endurecido sus condenas incluso saltándose las normas de este país. Algo que el presidente trata de enmendar a posteriori.