Argentina: ante un nuevo conflicto minero en Catamarca

16/05/2022 | Roxana Alfieri

Violencia y represión en un nuevo incidente de la localidad de Aldalgalá

La pastoral social de la provincia pidió diálogo entre las partes y ofreció su mediación

La pastoral social de la diócesis de Catamarca emitió un comunicado “La cuestión minera en Catamarca” y se refirió a la situación de violencia en una protesta de ambientalistas que se vivió en Andalgalá, en estos días.

Se refirieron así a esta problemática y adjudicaron la tensión al conflicto de intereses y la falta de diálogo. Aseveraron que “… a la hora de dar respuestas los actores involucrados, sea por la razón que fuere, no logran ponerse de acuerdo convergiendo todo en un conflicto de intereses que algunos no ven otra salida que dirimirlo por la fuerza“.

Frente a este panorama, los miembros del equipo se cuestionan: “¿Quién tiene la razón? ¿Quién, la verdad? ¿La tienen los que impulsan la minería? ¿La tienen los que se oponen a la minería a gran escala? ¿No será más bien que todos tienen algo de razón, y todos tienen parte de verdad? ¿Pero cómo saberlo si no nos escuchamos? ¿Y cuáles son los obstáculos para escucharnos?”.

Y siguen preguntándose si es posible encontrar una herramienta que les permita sortear obstáculos e iniciar una conversación sincera, objetiva y superadora. Creen que hay criterios objetivos e imparciales y aceptados por las partes que les permitirán expresar sus pareceres y dar respuestas.

Las propuestas de la pastoral social

El equipo de la pastoral social ofrece las herramientas de la doctrina social de la Iglesia para encarar el tema del medio ambiente: Laudato Si’ y el documento “Discípulos-misioneros, custodios de la casa común” del CELAM. Creen que, a la luz de los principios de ambos textos, se puede entablar una conversación que destrabe el conflicto.

Consideran que otro recurso es el “El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018, que tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, sobre todo de los más vulnerables. Tal como explicara la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, se trata de un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental y un tratado de derechos humanos”.

Además, garantiza el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno, y a acceder a la justicia los derechos son vulnerados. La pastoral social cree que, en este mismo tenor, está el deber de informar con veracidad y profesionalidad por quienes deben hacerlo.

Consideran que estos hechos sirven para que todos los ciudadanos puedan tomar parte en los varios emprendimientos mineros para la extracción del litio. “¿Sabemos qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se lo extrae? ¿En qué zonas de Catamarca se concentran? ¿Quiénes lo van extraer? ¿Cómo? ¿Quiénes controlarán su extracción y producción? ¿Cuál es el impacto sobre el medio ambiente, especialmente, sobre el agua? ¿Y cuánto de los beneficios se llevarán las Empresas y cuánto quedará para los catamarqueños? Y si ¿ese reparto de las ganancias es equitativo y razonable?”, son las preguntas que se hacen desde el área de la pastoral.

Agregan que estas son las preguntas que se deben hacer, y que como ciudadanos se tiene el derecho de saber y ser respondidas.

Ofrecen su colaboración para que pueda abrirse el diálogo entre las partes para defender los bienes de la creación y garantizar un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones. Tal como expresara el papa Francisco en Laudato Si’, consideran que es posible un progreso sustentable.