La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra inició ayer oficialmente la tramitación de la proposición de ley foral por la que se reconocerá oficialmente a las víctimas de abusos de la Iglesia católica. Se trata de la primera reforma legislativa de estas características en nuestro país, que cuenta con los apoyos de todos los grupos presentes en el hemiciclo regional – PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra-, salvo Navarra Suma, que es la coalición que aglutina a Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular y Ciudadanos.
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Entre los puntos más destacados de la normativa, se encuentra la creación de la llamada Comisión de Reconocimiento que investigará los casos navarros -hasta la fecha, habría contabilizados unos 70-. El equipo contará, tal y como se expresa en el borrador, con una representante de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Gobierno de Navarra, que actuará como secretaria.
Implicación de la Iglesia
Habrá también cuatro especialistas en materia de víctimas, del ámbito “histórico, jurídico y psicológico”. De estas cuatro personas, dos serán nombradas a propuesta del titular del Departamento de Justicia de Gobierno foral y otras dos a iniciativa del Parlamento. Además, se incluirán dos representantes “a propuesta de la Iglesia Católica en Navarra, designados por el Arzobispado de Pamplona y Tudela” y dos representantes a proposición de las asociaciones de víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la iglesia en Navarra.
Entre sus competencias, tendrá que presentar un informe anual que “dará cuenta de las solicitudes recibidas, los resultados de los trabajos realizados, la situación de los expedientes y las propuestas de resolución emitidas”.
Sin finalidad punitiva
Se prevé que el trabajo de esta comisión se extienda durante seis años. En el texto se aclara la “ausencia de finalidad punitiva”, a la vez que se “respeta con plena garantía los deberes y obligaciones de abstención, concurrencia y sujeción a los pronunciamientos judiciales”. Eso sí, se matiza que si el equipo de trabajo detecta “alguna actuación punible”, “lo comunicará a los órganos judiciales y lo pondrá en conocimiento de la administración competente absteniéndose de continuar con el procedimiento hasta su resolución definitiva”.
Además, la ley foral busca reconocer la condición de víctima más allá de los límites y prescripciones judiciales. De hecho, activará un mecanismo por el que los afectados pueden solicitar este reconocimiento a través de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito del Gobierno de Navarra, que recibirá sus casos y abrirá un expediente. En esta misma línea, se dotará a los colectivos de víctimas de “concesión de ayudas” y subvenciones para “programas asistenciales, programas de memoria y sensibilización social y proyectos de investigación”, así como “asesoramiento directo, subvenciones e intermediación con entidades públicas y privadas”.
Verdad y justicia
El texto de la futura norma pretende contribuir a la “búsqueda de la verdad y de justicia”, tal y como defiende Eduardo Santos, consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Ejecutivo foral. Tal y como exponen desde el Gobierno de Navarra, la normativa nace de un proceso de escucha a las víctimas, cuando hace tres años reclamaron algún tipo de reparación y se dirigieron al parlamento autonómico en busca de cobijo.
Sin embargo, ya ha aclarado que desde las administraciones públicas no se establecerá ningún tipo de compensación monetaria. “En términos de reparación económica, en caso de que alguien la solicite, lo debe reparar quien hizo el daño”, expone, dejando la pelota en el tejado del arzobispado de Pamplona-Tudela.
Diálogo fluido y constante
En este sentido, el consejero sí subrayó que “el diálogo con la Iglesia es fluido y constante”, si bien no concreta cuál será la implicación que tendrá una vez que la normativa sea vigente: “Tendrá que determinar una posición final sobre lo que se recoge en esta proposición de ley, que es colaboración interinstitucional, apoyo a las víctimas y participación en el esclarecimiento de los hechos”. “El primer paso para reparar es reconocer”, deja caer, a la vez que sostiene que “Nuestra posición es de máximo respeto a la Iglesia como institución”.
El Gobierno de Navarra cuenta con el apoyo de la Asociación de Víctimas de la Pederastia de la Iglesia Navarra. Es más, el portavoz de la plataforma, Jesús Zudaire, se muestra satisfecho con la tramitación de esta norma. El único pero que le ponen es la participación de la Iglesia en la comisión, puesto que considera que puede “adulterar” la auditoría y desembocar en un “lavado de imagen” de la institución. El presidente de la asociación, Marcos Leyún, ha calificado la ley de “pionera” en tanto que permitirá crear una “memoria colectiva”.
