El Gobierno ha dado luz verde al envío al Congreso de los Diputados del anteproyecto de Ley del Aborto. “Un avance para la democracia y para la mujer en España”, según la portavoz del ejecutivo, Isabel Rodríguez. Una norma que busca, ‘de facto’, facilitar “y garantizar” el acceso a estas intervenciones, especialmente en la sanidad pública, recuperando la polémica autorización al aborto de menores sin consentimiento paterno e incluyendo la educación sexual en la escuela “desde la más tierna infancia”. El texto, además, crea una baja por regla dolorosa y declara la gestación subrogada como “violencia reproductiva contra la mujer”.
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La ministra de Igualdad, Irene Montero destacó que “el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo es la puerta de acceso a la garantía de otros derechos para las mujeres, como el derecho al trabajo…”. Montero añadió que esta norma “amplía derechos, elimina obstáculos para miles de mujeres, reconoce nuevos derechos sexuales, menstruales y reproductivos y facilita la vida a las mujeres y hará que las maternidades sean más libres y respetadas”.
La ministra adelantó que el anteproyecto será tramitado por vía de urgencia. La titular de Igualdad quiso reconocer el trabajo de Bibiana Aído “injustamente tratada por el país y del presidente Zapatero” por la aprobación “con un gran consenso” de la vigente Ley del Aborto en 2010.
“Nuevos derechos”
Aunque el límite para el aborto libre se mantiene en 14 semanas, se crean condiciones que harán que el proceso sea más rápido. Así, por ejemplo, se eliminan los tres días de reflexión, obligatorios hasta ahora y el sobre con información que se daba a quienes solicitaban someterse a esta intervención. Los objetores de conciencia deberán registrarse, y su inclusión será vinculante para la sanidad pública y la privada. Se busca garantizar por ley que los hospitales públicos siempre estén en condiciones de realizar las intervenciones.
Se ha aprobado también una baja preparto a partir de la semana 39 de gestación que no consumirá ningún día de la baja por maternidad. También está prevista una baja para la mujer que se someta a un aborto.
PDD y anticonceptivos gratis
A partir de ahora, los centros de salud dispensarán, de manera gratuita, la píldora del día después. También se hará en los centros de servicios de salud sexual y reproductiva, de nueva creación con esta norma. Además, las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social y se promoverán los métodos de anticoncepción masculina.
La educación sexual será otro de los pilares de esta ley. Así, será obligatoria en las principales etapas de enseñanza, “desde la primera infancia”, como resaltó Montero. Además, se repartirán métodos anticonceptivos en los centros de enseñanza y se fomentará el conocimiento de su uso. Para potenciar este aspecto, se prevé la formación específica en educación sexual y menstrual a profesores, funcionarios de prisiones, trabajadores públicos.
Educación sexual vs pornografía
La ministra justificó la necesidad de la inclusión de esta educación en la escuela, a pesar de la oposición de numerosos padres, preguntándose si los progenitores prefieren “que el primer contacto con la sexualidad de los niños sea mediante el consumo de pornografía violenta, que ya está en los ocho años”.
Precisamente sobre los derechos y salud menstruales, Montero sacó pecho al destacar que “somos el primer país del mundo en aprobar este tipo de derechos”. La ministra quiere “que la regla deje de ser tabú o sea algo estigmatizante y que dificulta la vida a las mujeres”.
La norma recoge que las mujeres que sufran dolores menstruales “incapacitantes” puedan acceder a una baja laboral desde el primer día que estará 100% subvencionada por el Estado. Para luchar contra la “pobreza menstrual” se repartirán gratis productos en institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos, centros sociales u organismos públicos.
Violencia reproductiva
También se incluye un apartado dedicado a la “violencia reproductiva”. Se incluye aquí la gestación subrogada, aunque finalmente no se perseguirá penalmente a las parejas que viajen a terceros países, se mantiene la prohibición en España y se añade la ilegalización de la publicidad de empresas que gestionan el acceso de parejas a vientres de alquiler en estados donde está permitido.
