26 de junio: manifestación contra la ley del aborto

18/05/2022 | Israel Duro

Las principales plataformas y asociaciones provida, entre ellas entidades católicas, llaman a movilizarse masivamente para detener la norma

Una mujer protesta en Buenos Aires contra la despenalización del aborto/EFE

“Porque no todo vale”, las principales asociaciones y plataformas provida españolas han anunciado una manifestación “para detener” la nueva Ley del aborto aprobado ayer por el Gobierno. En su manifiesto, rechazan las principales novedades de la norma, y denuncian el “totalitarismo” de un ejecutivo “sigue abandonando la senda de la constitucionalidad y la legitimidad”.

Entre los convocantes se encuentran la Asociación Católica de Propagandistas, NEOS, -la nueva plataforma de Jaime Mayor Oreja y María San Gil-, la Federación Europea One of Us, asociación Cristianos en Democracia o Cada Vida Importa -que reúne a muchas de las asociaciones provida-.

En el comunicado para promover la protesta, se hacen eco -y dan respuesta- a las palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello sobre la necesidad de dar un paso adelante en defensa de la vida con “movilizaciones de conciencia y acción”. En este sentido, y como hizo el prelado en el vídeo de respuesta a la aprobación del proyecto de ley, piden “defender la vida humana y la dignidad inherente a la misma en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural”.

Los convocantes, entre los que se encuentran entidades católicas, expresan su oposición “a la regulación jurídica actual sobre el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, la experimentación con embriones humanos y todo atentado contra la protección de la vida humana”.

Esperando al Constitucional

Los convocantes lamentan que se haya seguido adelante con la reforma “sin esperar a la resolución del Tribunal Constitucional” sobre el recurso del PP a la Ley de 2010, que sigue aún sin fallo. Asimismo, denuncian “un nuevo recorte” a la patria potestad con la autorización de abortos a las menores sin consentimiento paterno, y critican la eliminación de los tres días de reflexión y la entrega de información.

También destacan que el registro de objetores supone, ‘de facto’, “una limitación del derecho a la objeción de conciencia de la ley, que obliga al señalamiento oficial de los objetores, con todo lo que de discriminación para su vida profesional conlleva ante la actual dirección política de la sanidad pública”.