La Fundación Pablo VI ha reflexionado en la mañana de este miércoles 18 de mayo, en su sede madrileña, sobre el fenómeno de la trata de personas, una lacra, por desgracia, aún muy presente en nuestra sociedad.
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Bajo el epígrafe de ‘Tras la trata. La vida puede más’, se ha celebrado un foro multidisciplinar moderado por María Francisca Sánchez Vara, directora del Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal Española, y en el que han participado Marta González Manchón, coordinadora del Área de Sensibilización del Proyecto Esperanza, de las religiosas adoratrices; el sacerdote José Luis Segovia, vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación en la Archidiócesis de Madrid; y Tomás Santamaría Suárez, policía e interlocutor social para la trata de seres humanos en la Comunidad de Madrid.
La mayoría, inmigrantes
Marta González Manchón ha apuntado que, aparte de la sexual, que es la mayoritaria, hay otras formas de explotación que podríamos considerar trata humana, como el matrimonio forzado o la obligación de cometer actividades delictivas por parte de organizaciones mafiosas. Sin olvidar “los vientres de alquiler”, que se desarrollan que manera “ilegal” en nuestro país y que padecen especialmente mujeres subsaharianas.
La coordinadora del Área de Sensibilización, desde la perspectiva de 22 años de trabajo de Proyecto Esperanza, ha señalado que “la mayoría de las víctimas de esta lacra son inmigrantes”, aunque los perfiles han ido evolucionando con el tiempo. Eso sí, siempre bajo un mismo patrón: “La desesperación que empuja a muchas personas a huir para salvar su vida es la causa principal de la que se aprovechan muchos tratantes”.
Cambio de perfil
Un drama que hace dos décadas sufrían especialmente las mujeres originarias de Colombia y que estos años han padecido muchas mujeres venezolanas, siendo hoy el riesgo que se cebe especialmente con quienes hoy huyen de la guerra en Ucrania.
José Luis Segovia ha valorado que ha habido una evolución en la Iglesia, dándose antes el combate contra la trata un trabajo acometido por comunidades eclesiales concretas, como los hogares de Villa Teresita, habiendo ya hoy “una mayor concienciación a nivel de toda la Iglesia como institución”.
La causa, la desigualdad
Para el sacerdote madrileño, “el gran efecto llamada es la desigualdad”, habiendo “una ausencia de derechos para las personas desplazadas” que se visibilizan especialmente “en las fronteras”, siendo para ello clave una legislación “garantista” con los derechos humanos. Algo que hoy, a su juicio, es muchas veces “inexistente” en nuestros sistemas jurídicos.
En este sentido, Segovia ha reivindicado caminar hacia “principios éticos” en el ámbito jurídico: “El Derecho tiene que dar cobertura a las necesidades, pues, si no es así, es un mal Derecho. Además, las víctimas han de estar siempre en el centro, siendo en sí misma valiosas, por lo que el Derecho no puede centrarse simplemente en el castigo a los culpables”.
Faltan políticas públicas
González Manchón ha recogido el guante y ha valorado que “ha habido avances en Derecho, pero este camino no se ha visto acompañado por parte de políticas públicas que aborden la trata de un modo integral, acompañando a la víctima y no revictimizándola”.
Tomás Santamaría Suárez ha advertido una “mutación” de los modelos, tanto entre las mafias como entre los consumidores y las propias víctimas, según van evolucionando “los propios flujos migratorios”. En el caso de las migrantes ucranianas, lamenta que “su ausencia de futuro las pueda abocar más fácilmente a caer en las manos de tratantes”. Entre los consumidores, por ejemplo, ha rechazado “el hecho de que, cada vez más, los que acuden a la prostitución son jóvenes”.
También son víctimas
Como ha observado este policía especializado en trata, “también crece el número de personas que son obligadas a transportar droga”, siendo un reto que “los jueces puedan entender que ellas mismas son víctimas, pues se las ha forzado a cometer un crimen que, además, van a ser ellas las únicas en pagar”. Otro perfil creciente es el de “niños que son obligados a robar o cometer hurtos”. Y es que la trata “va teniendo muchas más caras aparte de la sexual”.
La representante de Proyecto Esperanza ha advertido de que “hay una realidad que tenemos que saber comprender, sabiendo ver que hay trata en nuestros ámbitos agrícolas, en el del trabajo doméstico o en la mendicidad”. Para ello, “hay que pasar de la indiferencia al compromiso”. En este sentido, Santamaría Suárez ha apuntado que, aunque sí se da en otros países, “en España no se da trata para el tráfico de órganos”.
Menores explotados en pisos
Eso sí, el policía ha incidido en otro fenómeno preocupante: “Está creciendo mucho la trata sexual de menores en pisos, una realidad más difícil de detectar y combatir”. A ello contribuyen mucho “Internet y las redes sociales, habiendo unos 4.000 anuncios diarios de prostitución en pisos”. Algo que ha apoyado González Manchón, que cree que “las redes sociales aceleran todo, para mal y para bien. En ellas caen muchas personas atrapadas por su publicidad engañosa y, a la vez, a nosotras nos son muy útiles a la hora de que muchas víctimas nos conozcan y puedan contactar con nuestra institución para que las ayudemos”.
María Francisca Sánchez Vara ha apuntado que la pandemia ha acelerado “otras formas de explotación”, agravándose en general la vulnerabilidad en varios estratos sociales. De ahí su reivindicación de una Ley Integral Contra la Trata, “de la que se lleva muchos años hablando pero que no termina de concretarse a nivel nacional”.
Que no sea un brindis al sol
Segovia ha incidido en que tal legislación nacional e integral es básica, pero debería de ir acompañada de una dotación económica suficiente para que no se quede “en un brindis al sol”.
El encuentro ha tenido lugar en el entorno de la muestra fotográfica ‘Punto y seguimos. La vida puede más’, del fotógrafo Fernando Mármol, que muestra la dura realidad de la trata y que, tras un recorrido itinerante por toda España, ahora puede visitarse en Madrid en la Fundación Pablo VI.
