Hasta hoy, Moncloa y su entorno se había mantenido al margen de la auditoría externa puesta en marcha por los obispos y simplemente se habían limitado a instarles a participar en la comisión encargada desde el Congreso de los Diputados y que pilotará el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
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Sin embargo, hoy ha trascendido un informe de la Fiscalía General del Estado, que supone un ataque más o menos directo, en tanto que denuncia que la investigación que pueda realizar el bufete Cremades&Calvo-Sotelo con sus 28 expertos internaciones carece de “garantías mínimas o serias”.
La confianza de las víctimas
Con esta expresión se despacha el organismo que dirige la ex ministra socialista de Justicia, Dolores Delgado, a través de un escrito en el que también se solicita participar en la comisión que coordinará el Defensor del Pueblo para abordar la crisis de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. “A las víctimas le da confianza que el equipo de expertos sea multidisciplinar e independiente”, añade para justificar su presencia, concretando que no buscan presentarse como acusado público, sino para proteger a las víctimas.
El documento consta de 26 páginas, está fechado el pasado 17 de mayo y firmado por el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz. En el texto, se tira por tierra el encargo de la Conferencia Episcopal Española al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo.
Ataque directo
“Deben descartarse y considerarse de escasa utilidad, las auditorías o investigaciones parciales encomendadas por parte de la Iglesia a despachos de juristas privados, donde las víctimas adolecen del espacio seguro donde narrar su vivencia y se les insta a rellenar un formulario donde se refiere a ellas con el término ‘afectados’”, señala el informe adelantado por ‘El País’ y al que ha tenido acceso Europa Press.
Desde la Oficina del Defensor del Pueblo han confirmado a Europa Press la recepción de este informe, aunque no parecen que hayan recibido de buen agrado sus puntualizaciones. Y es que le recuerdan al Ministerio Fiscal que ya había iniciado trabajos desde principios de años al respecto al ordenar a los 17 fiscales superiores de toda España que le remitiesen los casos abiertos.
68 casos entre 15.000
De hecho, la Fiscalía confirmó la existencia de 68 causas de investigación en tramitación por agresiones y abusos sexuales a menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa, frente a los 15.000 existentes en general en todo el país vinculados al ámbito familiar o a otras entidades.
La Fiscalía propone también una regulación normativa al estilo de la nueva norma puesta en marcha en Navarra para el reconocimiento de las víctimas, así como la creación de oficinas de atención a las víctimas: “Se podría crear un procedimiento administrativo para que reconociera el nexo causal entre unos hechos y un daño. Y una vez reconocido éste poder pasar a la reparación con todas las opciones que se pudieran ofrecer en el caso concreto. Con ello se daría a las victimas más alternativas y se las haría protagonistas del conflicto y de la reparación”.
Revisar protocolos
El Ministerio Fiscal llega incluso a recomendar una revisión de los protocolos de prevención en las instituciones religiosas con el fin de facilitar la intervención judicial de inmediato. “El problema de los abusos y agresiones sexuales en el ámbito de una congregación religiosa no finaliza con dar una respuesta al hecho delictivo que ha sido denunciado y acreditado”, asevera el documento. “Es necesario -apunta el documento- impulsar otras iniciativas que permitan detectar los casos que hayan podido ocurrir en otros momentos históricos, acudiendo a mecanismos distintos al judicial para poder escuchar y reparar a las víctimas y velar por la prevención de estas conductas”.
