Hong Kong justifica la detención del cardenal Zen: “No tiene que ver con su papel en la Iglesia”

23/05/2022 | Israel Duro

El secretario de Seguridad de Hong Kong defiende que “actuamos con justicia basándonos en las pruebas y en la ley”

El secretario de seguridad de Hong Kong, Chris Tang Ping-keung, ha respondido a las críticas de la Santa Sede por la detención del anciano cardenal Zen la semana pasada. El responsable de la seguridad del país criticó que la idea de justicia del Vaticano pasa por no detener a nadie que tenga un cargo o un rol importante en una religión.

“Negarse a detener a un sospechoso por su religión o su papel en la Iglesia va en contra de los principios de justicia predicados por el Vaticano“, destacó Tang. “A mi entender, el Vaticano es un lugar para buscar la justicia y la paz. Si no actuáramos de acuerdo con la ley debido a la función que uno desempeña en la Santa Sede, entonces creo que realmente se violaría el principio de justicia del Vaticano“, insistió.

Según el secretario, “actuamos con justicia basándonos en las pruebas y en la ley. Detuvimos al mencionado sospechoso basándonos en las cosas que hizo. No tenía nada que ver con su papel en la Iglesia“. En este caso, Tang explicó que las autoridades estaban investigando si el fondo, creado para proporcionar ayuda financiera a los involucrados en las protestas antigubernamentales de 2019, había violado la ley, independientemente de los antecedentes y la religión de los sospechosos.

“Campaña de desprestigio”

Tang lamentó las críticas de países extranjeros sobre las detenciones, aunque las menospreció como una “clásica campaña de desprestigio” contra los esfuerzos de la ciudad por salvaguardar la seguridad nacional. Estados Unidos y la Unión Europea tacharon las detenciones de intentos de reprimir la disidencia, pero las autoridades orientales rechazaron las críticas y exigieron a los gobiernos que pusieran fin a su “estúpido espectáculo político“.

El Departamento de Seguridad Nacional ha detenido a 186 personas y procesado a 115 desde que la legislación entró en vigor el 30 de junio de 2020. La ley prohíbe los actos de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras, y los infractores se enfrentan a penas de hasta cadena perpetua. Hasta el momento, los tribunales han condenado a 10 personas y les han impuesto penas de hasta nueve años de cárcel.