El arzobispado de Santiago reconoce la existencia de demandas, pero niega cualquier abuso sexual, mientras que la Congregación para los Obispos declara no haber encontrado hechos delictivos
El comunicado difundido por la Nunciatura Apostólica en Chile, el pasado jueves, afirma que “en base a los elementos portados al examen de la Santa Sede no ha emergido ningún hecho delictivo de parte del Obispo” en relación con “las denuncias a las que hace referencia el Comunicado Oficial del Vicario General de la Arquidiócesis de Santiago, del 17 de mayo de 2022”, las que “han sido efectivamente enviadas a la Congregación para los Obispos, competente en materia”.
El obispo en cuestión es Cristián Roncagliolo Pacheco, obispo auxiliar de Santiago, quien viajó a España el 5 de mayo pasado. Horas antes de salir, informó por WhatsApp al Consejo de Vicarios y al clero: “Estimados hermanos sacerdotes, junto con saludarlos cordialmente, aunque ya varios de ustedes saben, ahora formalmente los hago parte de que viajaré a España, por unos meses, principalmente por razones de salud. Les aseguro mi cercanía y oración, así como me confío a la de ustedes. Nos vemos a mi regreso para continuar, con renovada fuerza, sirviendo al pueblo de Dios”.
A la semana siguiente, el viernes 13 de mayo de 2022, el Vicario General de Santiago, Alberto Lorenzelli, entregó un comunicado oficial, al cual alude la Nunciatura Apostólica, en el que se hace cargo de artículos publicados por el diario La Tercera informando denuncias de connotación sexual al obispo Roncagliolo.
Dice el Vicario General: “Las denuncias de connotación sexual que se señalan en ese texto no fueron notificadas al Arzobispado de Santiago, ya que no corresponde que así sea. Las entidades que las habrían recibido, – la Comisión Scicluna y el Consejo Nacional de Prevención de Abusos (2019)- se supone que las enviaron directamente a la Congregación para los Obispos de la Santa Sede”.
Agrega que “La denuncia de la que hemos tenido conocimiento respecto de M. Roncagliolo fue la recibida ante la Oficina Pastoral de Denuncias (OPADE) realizada por tres trabajadores de la arquidiócesis, que también enviaron a la Santa Sede, por maltrato laboral y abuso de poder, hechos que el propio obispo reconoció y, por los cuales, se disculpó con los afectados”.
Estos antecedentes habrían sido enviados a la Congregación para los Obispos por su competencia para juzgar delitos canónicos de Obispos, con excepción de los abusos de menores donde es competente la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Cuando ocurrió la denuncia por maltrato laboral, el Arzobispo separó a Roncagliolo de sus funciones al frente del Departamento donde se desempeñan los denunciantes.
El comunicado del Vicario General agrega que “la decisión de viajar España de don Cristián obedeció a una instrucción directa de la Congregación para los Obispos”. Esta inesperada afirmación provocó que la Nunciatura la confirmara en su reciente comunicado argumentando que el viaje de Roncagliolo “obedece a una instrucción” de ese Dicasterio “con el objetivo, como dice el referido comunicado, de someterse a un proceso de recuperación de su salud física, psicológica y espiritual”.
El diario La Tercera ha publicado varios artículos con testimonios de denunciantes que acusan conductas de connotación sexual de Roncagliolo. Uno de ellos, publicado el 17 de mayo pasado, corresponde a una denuncia hecha en octubre del 2020 ante el organismo pertinente en la Conferencia Episcopal de Chile (CECh). El denunciante afirma también que no ha recibido información sobre el curso de esa denuncia.
El mismo diario consultó a la presidenta del Consejo de Prevención de Abusos y Acompañamiento a Víctimas de la CECh, Ana María Celis, quien confirmó la información: “Contando con la autorización para responder por parte de quienes, en el contexto del servicio de escucha encargado por monseñor Scicluna recurrieron al Consejo de Prevención de la CECh, se recibieron antecedentes relativos a monseñor Roncagliolo y, sin que al Consejo le correspondiese calificar los hechos o conocer decisiones posteriores, se derivaron a la Congregación para los Obispos de la Santa Sede”.
Agrega el diario que “ha podido constatar, con distintas fuentes y con la confirmación oficial de la Conferencia Episcopal (CECh), que el obispo hace años que tiene denuncias por hechos de connotación sexual en su contra y que esos antecedentes fueron derivados al Vaticano”.
A través de un comunicado, el obispo Cristián Roncagliolo desmiente al diario: “No he recibido formalmente informaciones sobre ninguna denuncia por conductas sexuales impropias con mayores de edad, como se señala en el artículo referido y niego que estos supuestos hechos hayan ocurrido”, aseguró después que La Tercera informara de su viaje a España a comienzos de mes, en medio de estas informaciones sobre denuncias por hechos de connotación sexual en su contra.
Cristián Roncagliolo tiene 52 años, egresó del colegio San Pedro Nolasco, de los Padres Mercedarios, cursó tres años Derecho y se retiró para ingresar al Seminario Pontificio de Santiago. Ordenado sacerdote en julio de 1999, fue vicario parroquial y secretario del arzobispo cardenal Francisco Javier Errázuriz. Obtuvo el doctorado en Teología en la Universidad Salesiana de Roma. A los 42 años asumió como Vice Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 2017, el Papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de Chile y 14 meses después fue nombrado Vicario General de la arquidiócesis y Moderador de la Curia Arzobispal.
La Tercera consultó a Eugenio de la Fuente, quien dejó el sacerdocio después de promover varias denuncias, haber declarado judicialmente contra Fernando Karadima y haber sido invitado por el Papa Francisco al Vaticano junto a otras víctimas del expárroco de El Bosque.
“El origen de todo esto está en la entidad vaticana a cargo de todo lo relacionado con los obispos, la Congregación para los Obispos. Ellos reciben las denuncias y comienza un total hermetismo y opacidad. No respetan la legislación de la Iglesia, no respetan los plazos que esa legislación les exige, no respetan la información que se debe dar según un debido proceso a víctimas, acusados, ni a las diócesis a la que pertenecen los obispos acusados. En resumen, no respetan su propio estado de derecho”, dice de la Fuente.
Por su parte, Roberto Sánchez, vocero de la Red Nacional de Laicos y Laicas, criticó duramente el actuar de la Iglesia. «No se entiende, tiene problemas de salud ocasionales o francamente esto es usar las viejas prácticas de cambiar a un obispo de lugar, de ciudad, para que no se sepan los verdaderos motivos de su salida”, sostuvo. “Tenemos información de que hay acusaciones formales por abuso y que están en la Santa Sede. No sabemos si hay un veredicto o no, pero creemos que ha faltado transparencia del Arzobispado”, concluyó Sánchez.