Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Toledo –que integra la archidiócesis de Toledo, Primada de España, y las diócesis de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Sigüenza-Guadalajara- han publicado un comunicado en el que muestran su “preocupación” y rechazo por la aprobación de la ‘Ley Trans’ de Castilla-La Mancha.
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Los pastores denuncian que esta norma “se orienta a implantar en la sociedad una concreta forma de entender la naturaleza del ser humano, en la cual se parte de la separación entre el sexo con el que se ha nacido y con el que la persona se identifica, entre el sexo con el que se ha nacido y la elección personal de la orientación sexual”.
Así, “el planteamiento antropológico que subyace en esta ley es contrario a la enseñanza del Magisterio de la Iglesia sobre la naturaleza del ser humano y no responde a lo que afirma la ciencia, la cual sostiene que la identidad sexual tiene su fundamento principal en la biología. En definitiva, esta ley pretende ser una visión que contrasta tanto con la fe como con la razón, con consecuencias sobre la esencia de la familia. Dios nos ha creado hombres y mujeres, y la diferencia entre ambos es una verdad”, analiza la nota.
Sexualidad, diseño de Dios
Frente a lo propuesto por la nueva ley, “la visión antropológica cristiana parte de la sexualidad como un elemento constitutivo de la personalidad derivado del diseño de Dios. La libre determinación de la personalidad no puede ser contraria a la verdad ni ser manipulada hasta el extremo de olvidar o ignorar lo que el ser humano es. Aunque, ciertamente, se parte del respeto de cada persona y de la coincidencia de voluntades en la lucha contra cualquier expresión de injusta discriminación, la luz de la verdad exige exponer con claridad esta visión”.
Para los prelados, el objetivo de esta ley “es incorporar la perspectiva de género de manera transversal y promover las medidas en materia LGTBI en todos los sectores de la sociedad –Administración Pública, bienestar social, ámbito familiar, educativo, sanitario, cultural, económico, medios de comunicación, protección ciudadana y ámbito rural– y para toda la población de nuestra región”.
Régimen sancionador
Jurídicamente, además, esta norma incluye una característica habitual en las leyes de nuevo cuño: “se invierte la carga de la prueba; es decir, corresponderá a quien se atribuye que ha discriminado a personas LGTBI la aportación de una justificación probada, objetiva y razonable de las medidas supuestamente discriminatorias”. Junto con ello, la ley introduce un importante régimen sancionador, con multas de 3.001 a 30.000 euros para sus infractores, con la prohibición para entidades o personas de recibir subvenciones o, incluso, la inhabilitación temporal, cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación durante un año.
Los pastores recuerdan que siempre “apoyamos toda iniciativa que favorezca la igualdad real y evite la discriminación que puedan sufrir las personas por razón de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, como expresa nuestra Constitución. Apoyamos igualmente las medidas, siempre necesarias, que ayuden a evitar la violencia contra personas y colectivos por esos u otros motivos. La Iglesia, como institución, desea estar siempre al lado de las personas que sufren. Con este fin, promueve proyectos concretos para acoger, acompañar, ayudar y, en definitiva, promover la dignidad de quienes son “descartados” por la sociedad”.
