El coordinador de la auditoría externa sobre los abusos en la Iglesia española, Alfredo Dagnino, cree que “la etiqueta de Iglesia abusadora es injusta”. Así lo compartió en el marco de las VI Conversaciones PPC, que la editorial y el Instituto Superior de Pastoral que se organizan hoy en el colegio mayor MARA de Madrid.
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En diálogo con la periodista Ana Medina, el letrado perteneciente al bufete Cremades&Calvo-Sotelo ofreció las claves de esta investigación encargada por la Conferencia Episcopal y respaldada por las congregaciones españolas que arrancó el pasado mes de febrero. “No es una causa general contra la Iglesia ni debe aprovecharse como tal”, explicó, a la par que subrayó que “no es un Concilio Vaticano II”.
Consejo asesor en marcha
Sobre el camino recorrido, aseguró que han recibido 60 denuncias en los cauces abiertos para ello, “solo la mitad referidas directamente con la Iglesia”. De la misma manera, aclaró que se hay una relación estable con hasta cuatro asociaciones de víctimas. “Ayer mismo estuvimos reunidos en el consejo asesor con tres de ellas y estuvimos escuchando su testimonio durante cinco horas”, detalló, explicando que tan solo una asociación ha rechazado colaborar “por motivos personales”.
Sobre las suspicacias generadas por el hecho de que el presidente del bufete, Javier Cremades, pertenezca al Opus Dei, Dagnino apreció que “yo mismo soy una persona tanto o más vinculado a la Iglesia”. Y es que Dagnino, entre otras responsabilidades, ha sido presidente de la Asociación Católica de Propagandistas.
Independencia en lo laboral
“¿Me perjudica ser cristiano en mi independencia en mi ejercicio profesional? Estamos trabajando con absoluto rigor e independencia haciendo nuestro trabajo perfectamente contribuyendo con nuestro granito de arena que las cosas puedan mejorar”, destacó. “Esto nos obliga a hacerlo técnicamente de manera impecable y cumplir rigurosamente con el encargo de la Conferencia Episcopal”, expresó.
También lamentó que se pueda dar “una competición” entre la Comisión del Defensor del Pueblo aprobada en el Congreso de los Diputados y “el encargo” realizado por la Conferencia Episcopal al bufete Cremades&Calvo-Sotelo. Al margen de “cuestionar la validez jurídica” del anteproyecto que ha propiciado la comisión que liderará Ángel Gabilondo, apuntó que “colaboraremos en lo que se nos solicite”, pero no habrá “interlocución directa”. “No la hemos tenido ni la vamos a tener”, sentenció.
Servicio a la sociedad
Desde el punto de vista personal, explicó que se trata de “un reto apasionante” en tanto que lo vive como “un servicio a la Iglesia y a la sociedad”, a la par que supone “una tarea de orfebrería yendo diíocesis por diócesis y orden por orden” recopilando información. Para ello, están solicitando reuniones con todos los obispos y sus equipos, con una primera toma de contacto, a lo que se une un documento con preguntas y solicitud de documentos.
Sobre la apertura de los archivos secretos, aclaró que “tienen mucho morbo para los medios y siento estropear los titulares, pero no estamos teniendo ningún problema para acceder a tomos y legajos”.
