El gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de hoy, una declaración institucional en la que manifiesta su solidaridad con las personas que han denunciado abusos en el seno de la Iglesia católica, reconociendo “su derecho a la justicia, memoria y reparación”.
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Así lo ha expresado el Ejecutivo en un comunicado en el que reconoce “la obligación de reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos incumbe a los Estados que, como España, han firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.
Reconocimiento a las víctimas
“Durante demasiado tiempo, las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica han sufrido una doble victimización, consecuencia del silencio impuesto y autoimpuesto sobre violaciones de derechos humanos muy graves”, apunta el Gobierno. “Ello se explica porque en el momento del hecho delictivo las víctimas eran menores de edad en un contexto de especial vulnerabilidad respecto de su victimario. Asimismo, los victimarios, por su parte, pertenecían a una institución que ha ocupado una posición de poder e influencia en un importante sector de la sociedad. Estas condiciones fácticas impidieron satisfacer las demandas de justicia de las víctimas de formas diversas”, añade.
Asimismo, la administración de Navarra se ha comprometido “con los deberes de respeto y garantía a las víctimas a las que se otorga el lugar central que se merecen, mediante el reconocimiento y la memoria”, lo cual supone “reconocer la realidad de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, asumiendo nuestra responsabilidad política, institucional y social”.
