El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, viajó ayer a Roma para algo más que escenificar su puesta de largo ante el Papa como responsable de las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia católica. En los cincuenta minutos que se extendió su encuentro de Francisco, el diálogo fue más allá de presentar la comisión antiabusos del Defensor del Pueblo al pontífice o exponer cómo está llevando a cabo el Estado la acogida de los refugiados ucranianos.
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Según ha podido confirmar ‘Vida Nueva’, Bolaños se plantó en los palacios apostólicos con su particular plan de renovación de los acuerdos Iglesia-Estado. En principio, no se trataría de una denuncia de los cuatro acuerdos -jurídico, económico, militar y educativo-, sino más bien la actualización de algunos puntos de los mismos.
Límite de acción
Por un lado, resulta complicado abordar una reforma integral en apenas dos años de legislatura. Por otro, la propia inestabilidad del Gobierno de coalición y la ausencia de una mayoría holgada en el Congreso de los Diputados hace inviable adentrarse en cambios de fondo.
Sin embargo, Bolaños sí cuenta con introducir algunos retoques que ya estarían en la hoja de ruta de la ex vicepresidenta Carmen Calvo y de la que también habrían hecho partícipes a la cúpula episcopal. En este sentido, podría estar sobre la mesa una actualización quirúgica del régimen fiscal de la Iglesia. En concreto, los impuestos vinculados a los bienes inmuebles: IBI e ICIO.
Pago de tributos
Los socialistas vienen reclamando desde hace tiempo que la Iglesia ha de pagar tributos por sus propiedades, máxime cuando no están destinadas al culto, sino a un uso comercial. Véase un piso o una plaza de garaje propiedad de un obispado o una congregación que se alquila.
Lejos de oponerse, los obispos aceptarían bajo la máxima de “ni privilegios ni discriminaciones”. Para ello se trabajaría en el marco de las comisiones bilaterales que ya funcionan entre Iglesia y Moncloa y se materializaría en un procedimiento jurídico relativamente sencillo a través de un canje de notas sin tener que denunciar los acuerdos.
De esta manera, el Ejecutivo podría exhibir ante la sociedad una batalla ganada ante la Iglesia abanderando el laicismo y la igualdad y, sin embargo, la institución no vería afectada su labor social y caritativa, en tanto que los edificios vinculados, por ejemplo a fundaciones educativas o a asociaciones como Cáritas se mantendrían exentos del pago de los impuestos, bajo el paraguas de la ley de mecenazgo, como cualquier ong, partido o sindicato.
