Los miembros de la Comisión Directiva del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) denunció el procedimiento del presidente del Superior Tribunal de Justicia y miembro del Consejo de la Magistratura de la provincia de Río que indagó sobre sus creencias religiosas a los candidatos al Ministerio Público de la Defensa.
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Al tomar conocimiento de este grave hecho, y ante la justificación de que las creencias conspirarían contra la independencia de los magistrados, el CALIR condena y rechaza este accionar.
Inusitada gravedad
Con la firma del presidente Juan G. Navarro Floria, del vicepresidente Raúl Scialabba y del secretario del Consejo, Adrián Maldonado, en el mensaje señalaron el alcance de esta clase de hechos.
Afirmaron que el mismo interrogatorio constituye un atentado contra la libertad religiosa y de conciencia de los candidatos, libertad que incluye el derecho a mantener en reserva y no exteriorizar las propias creencias. Así como todas las personas tienen el derecho a manifestar las propias creencias, también tienen el derecho a no hacerlo. “Es inaudito y totalmente injustificado que se vulnere ese derecho de manera directa, por parte de un funcionario público”.
Asimismo, consideraron que “es totalmente inadmisible que el hecho de tener creencias religiosas, o no tenerlas, sea considerado un criterio de selección para el acceso a una magistratura”. Agregaron que suponer que la profesión de una fe religiosa constituye un impedimento o un demérito para el acceso a los distintos cargos en el poder judicial constituye una “grosera discriminación”.
Recordaron que esto contraría las garantías constitucionales, los tratados internacionales de derechos humanos que garantizan la libertad religiosa, y las leyes que sancionan incluso penalmente la discriminación por razones religiosas.
Finalmente, el CALIR se solidarizó con quienes se vieron violentados en su libertad de conciencia, y eventualmente discriminados en el acceso a la función pública, a la vez que exhortaron a las autoridades provinciales a repudiar este hecho y garantizar la regularidad de las designaciones evitando cualquier discriminación religiosa.
