La comisión del Defensor del Pueblo, con la cual el Estado estudiará los casos de abusos en el seno de la Iglesia española, pone en marcha mañana, 6 de julio, sus cauces de actuación y escucha a las víctimas. Y es que, tal y como informaba esta mañana Ángel Gabilondo, este miércoles empezarán a funcionar el Foro de Asociaciones, donde los colectivos de víctimas podrán aportar su visión sobre el problema, y la una Unidad de Atención a Víctimas, pilotada por profesionales del acompañamiento.
- PODCAST: Actualizando la asignatura de Religión
- ¿Quieres recibir gratis por WhatsApp las mejores noticias de Vida Nueva? Pincha aquí
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Sin embargo, las víctimas han destacado “importantes carencias” en esta comisión. Así lo ha denunciado Miguel Hurtado, víctima de abusos por parte de un religioso del monasterio de Montserrat y miembro de la Plataforma Tolerancia 0, en declaraciones a EFE.
Hurtado ha lamentado, de esta manera, que la comisión haya nacido sin recursos de atención psicosocial a medio y largo plazo para hacer un seguimiento a las víctimas, así como que la Conferencia Episcopal Española (CEE) “se niegue a colaborar” en la investigación. Del mismo modo, critica que la comisión no cuente con poderes coercitivos para obligar a los obispos a participar o, al menos, exigir documentación.
“Tampoco puede obligar a comparecer a los encubridores de los abusos”, recuerda Hurtado, que teme que la comisión se limite a entrevistar a las víctimas que quieran contar su historia. “No es una comisión de investigación de vulneraciones de derechos humanos homologable a nivel internacional”, advierte.
Abrir camino en otros ámbitos
Asimismo, desde la Asociación Infancia Robada (AIR), su presidenta, Ana Cuevas, confía en que la comisión pueda tener efectos prácticos en las víctimas y establezca indemnizaciones, ayudas para terapias, para la reinserción laboral de los afectados o para los estudios.
“Tengo bastantes esperanzas en esta comisión porque las víctimas también están presentes”, ha señalado Cuevas, quien confía, además, en que las recomendaciones que se deriven de esta investigación “se puedan aplicar también al resto de los ámbitos en los que tienen lugar los abusos sexuales a menores”.
