El Congreso de los Diputados ha dado luz verde hoy a la nueva versión de la Ley de Memoria Democrática. Una normativa ampliamente criticada por la derecha y para la que el Gobierno de coalición ha tenido que buscar los apoyos de EH Bildu, PNV, Más País o PDeCAT. Ahora, queda su ratificación por parte del Senado, previsiblemente en septiembre, y su vuelta al Congreso para su aprobación final, poniendo así punto y final a un proceso que dio comienzo en septiembre de 2020 pero que ya tuvo su primera acción directa en 2019, con la exhumación y traslado de los restos del dictador Francisco Franco.
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La ley enfatiza la resignificación del Valle de los Caídos como “lugar de memoria democrática con una finalidad pedagógica y se reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes”. “La ley establece un marco general para la resignificación, pero dentro de ese marco, en su momento, tendremos que concretar un proyecto en el que se tome la decisión”, respondía Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España al ser cuestionado sobre la normativa.
De esta manera, si bien en la ley no se especifica exactamente en qué situación quedará la comunidad benedictina que administra la basílica, Bolaños señalaba que tendrán que “estudiar bien los detalles” pues, el Valle “es una basílica, un lugar de culto”. De hecho, el Ejecutivo pretende que el lugar “responda a una defensa, una reivindicación de los valores democráticos”, y cambiará el nombre del Valle de los Caídos por el de Valle de Cuelgamuros.
Resignificación del Valle de los Caídos
Asimismo, la ley declara extinguida, desde el momento de su aprobación, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, disponiendo que se establezca por real decreto el nuevo marco jurídico aplicable que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del lugar. “Se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales”, se puede leer en el documento. Esto significa, de facto, que la comunidad dejará de percibir los 300.000 euros anuales para el mantenimiento del recinto por parte de Patrimonio Nacional.
Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que elaborar un real decreto que determine cómo se organizará y funcionará el recinto, incluyendo el régimen patrimonial correspondiente. Y es ahí donde el Gobierno, tal y como ha podido confirmar Vida Nueva, quiere contar con la Iglesia para negociar su presencia dentro del espacio resignificado.
En cuanto a la cruz del Valle, el Gobierno aún no ha especificado si será o no derribada tras la resignificación del mismo. Lo que sí se tiene claro es que “en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o de la Dictadura”. Es previsible, teniendo esto en cuenta, que queden prohibidas las misas por el alma del dictador.
Por último, y como ya se había anunciado, “las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos existentes en la misma” tendrán a partir de ahora “el carácter de cementerio civil”. Además, los restos mortales que ocupan lugares preeminentes en la basílica serán trasladados, como es el caso de los de Primo de Rivera.
