Pornografía y prostitución, juegos de azar, industria armamentística, centros sanitarios abortistas y empresas farmacéuticas que fabrican métodos anticonceptivos o trabajan con células madre embrionarias: en todos estos sectores tienen prohibido invertir los organismos que forman parte de la Santa Sede o del Estado de la Ciudad del Vaticano. Deberán en cambio optar por operaciones de bajo riesgo donde primen los criterios éticos, sociales y medioambientales.
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Con un documento publicado este martes y que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, la Secretaría para la Economía, liderada por el jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves, sigue poniendo orden en las cuentas vaticanas y unifica las inversiones de las distintas instituciones curiales, que deberán pasar por la cuenta abierta para estos fines por la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) en el Instituto para las Obras de Religión (IOR, la banca vaticana). Esta decisión del ‘ministerio’ liderado por Guerrero fue antes tratada por el Consejo para la Economía y con especialistas del sector y ha sido comunicada por carta a todos los responsables de los dicasterios y organismos de la Curia romana y al resto de entes ligadas de una manera u otra a la Santa Sede. Son alrededor de un centenar.
Según la Doctrina Social
El documento con la nueva política pretende “poner orden en las inversiones y poner en marcha un proceso de centralización”, puede leerse en la misiva, a la que ha tenido acceso esta revista. Aunque hay prevista una moratoria de un año para adecuarse a los criterios exigidos, antes de finales de octubre todos los organismos afectados deberán comunicar a la APSA las inversiones que poseen y quién las gestiona, así como los contratos, información bancaria u otros documentos relativos a ellas.
De manera simultánea el Vaticano ha puesto en marcha un Comité para las Inversiones, un ente previsto en la nueva constitución apostólica ‘Praedicate Evangelium’, que entró en vigor a principios del pasado mes de junio. Dicho comité se encargará de realizar las consultas necesarias para desarrollar “la estrategia de inversión” y de valorar al mismo tiempo “si son adecuadas las decisiones, con particular atención a la conformidad de las inversiones con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, además de los parámetros de rendimiento y de riesgo según las Políticas de Inversión”.
Este documento plantea que el dinero debe servir para “contribuir a un mundo más justo y sostenible”, teniendo siempre en cuenta que debe preservarse “el valor real del patrimonio neto de la Santa Sede y generar un rendimiento suficiente que contribuya en modo sostenible a financiar sus actividades”. Las inversiones deben igualmente “estar alineadas” con las enseñanzas de la Iglesia católica, excluyendo así inversiones que “contradigan los principios fundamentales, como la santidad de la vida o la dignidad del ser humano o del bien común”.
