Confirmada la condena de casi 9 años de prisión al expresidente del Banco Vaticano

La sentencia cierra, de esta manera, un capítulo importante en este complejo procedimiento que comenzó en 2014

Confirmada la condena de casi 9 años de prisión al expresidente del Banco Vaticano

El Tribunal de Apelaciones del Estado de la Ciudad del Vaticano ha confirmado este viernes la condena, dictada el pasado 21 de enero, a Angelo Caloia, expresidente del Instituto para Obras de Religión (IOR), y a Gabriele Liuzzo, abogado del instituto, a 8 años y 11 meses de prisión por delitos de malversación de fondos y lavado de dinero.



Tal como ha informado la Santa Sede, los acusados –de 81 y 97 años respectivamente–, han sido hallados culpables de haber obtenido más de 70 millones de euros de forma ilícita a través de la venta de 29 edificios y realizadas por medio del IOR entre 2001 y 2008. En estas operaciones inmobiliarias estuvo involucrado también el exdirector general del IOR, Lelio Scaletti, fallecido en 2015, un año después de que comenzaran las investigaciones.

La sentencia cierra, de esta manera, un capítulo importante en este complejo procedimiento que comenzó en el 2014. Ahora, tal como recoge Vatican News, le corresponde a la Oficina del Promotor hacer cumplir la condena, que ya es irrevocable, contra el profesor Caloia y la tarea de recuperar parte de las grandes sumas confiscadas en el extranjero.

Condena e indemnización

No fue hasta 2018 que Giampiero Milano, fiscal del Vaticano, puso en marcha el juicio oral contra los funcionarios, quienes habrían desviado unos 50 millones de euros gracias a la venta de los bienes inmuebles pertenecientes a la entidad vaticana. Sin olvidar que los fondos del IOR provienen de las donaciones de entidades o personas físicas y su fin debe ser las obras de caridad.

A los dos acusados se les suma el hijo del abogado, Lamberto Liuzzo, que ha sido también condenado a 5 años y dos meses de cárcel y pagar una multa de 8.000 euros por su implicación en el caso. Asimismo, todos ellos han sido inhabilitados para el ejercicio de cargo cualquier cargo público en la Ciudad del Vaticano, y deben indemnizar al IOR y a la sociedad inmobiliaria SGIR con unos 23 millones de euros.

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