El pasado sábado 20 de agosto se cumplieron dos meses del asesinato de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, a manos del crimen organizado, mientras cumplían su misión apostólica en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua.
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A ese respecto, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús denunció: “seguimos sin obtener justicia”, por lo que reiteró su llamado a los tres niveles de gobierno para que avancen las investigaciones judiciales y “no se pierdan en los laberintos de la impunidad”. También pidieron que se garanticen las condiciones de seguridad para los pobladores en una zona, “donde aún prolifera el miedo”.
Los jesuitas en México dijeron estar convencidos de que sin justicia no habrá reconciliación en la zona rarámuri, por lo que, a la par de su exigencia, se comprometieron a proyectar soluciones que permitan avanzar hacia la pacificación del país. Y es que –explican– “a 62 días de esos dolorosos crímenes, otros hechos de violencia se han sumado a esta crisis que padecemos”.
En ese sentido, exhortaron al pueblo mexicano a participar en los “Diálogos por la Justicia y la Reconciliación para la Paz” que son impulsados con la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México.
El modelo de seguridad debe ser revisado
En este contexto, este domingo 21 de agosto, en todas las Iglesias del país se oró de manera particular para que se acaben las extorsiones, “un delito que lesiona el tejido social y profundiza las desigualdades económicas”, señalaron al respecto los jesuitas.
A su vez, refirieron que el Sistema Universitario Jesuita convoca a la sociedad mexicana a participar, a partir de este 22 de agosto, en las Jornadas por la Paz con Justicia en México, cuyo objetivo es proyectar soluciones que permitan aportar hacia la pacificación del país.
La Compañía de Jesús en México, cuyo prepósito provincial es Luis Gerardo Moro, consideró que la violencia en el país no se resuelve con estrategias que implican la ampliación de las capacidades del ejército. “La militarización no es la respuesta, es sólo un paliativo que pone en riesgo la paz. Insistimos, frente a décadas de violencia, que el modelo de seguridad en todo el país debe ser revisado”, señalaron.
La justicia es una obligación del Estado -concluyeron- y “es también un justo tributo a nuestros hermanos Javier, Joaquín, Pedro y Armando, así como a las miles de víctimas de la violencia en el país, cuyos nombres se mantienen en el corazón de sus deudos”. Cabe recordar que junto con los sacerdotes jesuitas también fueron asesinados los laicos: Pedro Palma y Armando Berrelleza.
