El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, volvió esta mañana a acusar a la Iglesia española de inmatricular en torno a mil bienes “sin una base probatoria suficiente”. Con esta reflexión en público, el máximo responsable del Gobierno en las relaciones Iglesia-Estado destapaba de nuevo la caja de los truenos que el mayor desencuentro entre Moncloa y la Conferencia Episcopal ha provocado hasta la fecha.
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Bolaños se refirió a esta cuestión durante la rueda de prensa que ofreció esta mañana en la Embajada de España ante la Santa Sede, con motivo de su participación en el consistorio que ayer llevó a Francisco a crear a 20 cardenales, entre ellos el legionario de Cristo español Fernando Vérgez.
Un informe reversionado
El ministro recordó que hay tres comisiones bilaterales de trabajo abiertas con el Episcopado: inmatriculaciones, fiscalidad y Obra Pía. Al abordar la labor del primero de estos equipos, explicó que “tuvo resultado y tuvimos un acuerdo por el que en torno a 20.000 bienes que inmatriculó la Iglesia, como lugares de culto, había otros 15.000 o 14.000 que no eran lugares de culto. De esos 14.000, 1.000 se reconocieron que se habían inmatriculado sin una base probatoria suficiente, y por tanto eso se acordó con la Iglesia católica”.
La realidad según la Conferencia Episcopal es otra, tal y como reza el informe que elaboraron a los obispos y que el cardenal Juan José Omella presentó al presidente Pedro Sánchez en el encuentro que mantuvieron el 24 de enero de 2022. En la auditoria eclesial, se repasan uno a uno los 34.961 bienes inscritos por la Iglesia entre 1998 y 2005, una cifra que ya difiere de la dada hoy por Bolaños, que habla de 20.000.
Tras el análisis de cada una de estas propiedades, es la Conferencia Episcopal la que notifica al Gobierno que el Estado le ha adjudicado por error 1.000 de esos bienes, que es diferente a la versión que ese mismo día dio el equipo de Moncloa, dando a entender como esta mañana ha hecho Bolaños que la Iglesia se adjudicó e inscribió indebidamente esas propiedades. En concreto el informe de los obispos señala que “no le consta tener la titularidad de un millar aproximado de bienes en principio adjudicados a la Iglesia”.
Fair play
“El análisis realizado por la Iglesia de dicho listado, en el marco de la mencionada Comisión, ha revelado un conjunto de bienes que la Iglesia considera que pertenecen a un tercero, o no le consta su titularidad sobre el mismo”, se detalló desde el Episcopado.
Lo cierto es que Moncloa filtró a los medios la versión de una apropiación indebida de bienes por parte de la Iglesia a la vez que Omella conversaba con Sánchez y el líder socialista le agradecía al cardenal su ‘fair play’ por haber descubierto el error cometido por el Estado. A partir de ahí, el Episcopado manifestó por varías vías su malestar por la manipulación del Ejecutivo en una cuestión especialmente sensible vinculada a la credibilidad de la Iglesia.
Aunque desde todas sus plataformas comunicativas, la Iglesia insistió en que no devolvió nunca esos mil bienes adjudicados por las Administraciones Públicas porque nunca las inscribió como tal, el poso que quedó y que todavía hoy ha defendido Bolaños es que la Iglesia actuó fuera de la legalidad.
