Ante las acusaciones del gobierno filipino contra la organización ‘Rural Missionaries of the Philippines’ de financiar el terrorismo, la sociedad civil se ha unido para defender a los religiosos y religiosas que desarrollan su misión en el país asiático.
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Así, tal como recoge Fides, el sacerdote Wilfredo Dulay, de la Congregación de los Misioneros Discípulos de Jesús, ha explicado que comunidades católicas, asociaciones de derechos humanos y otras organizaciones han pedido “a quienes han acusado maliciosamente a los miembros de las RMP de aliarse con los terroristas que retiren inmediatamente las absurdas acusaciones vertidas contra los misioneros, personas que están al servicio de nuestras hermanas y hermanos marginados y explotados”.
Todo comenzó cuando el pasado 15 de agosto el Departamento de Justicia acusó a 16 personas vinculadas a la RMP, entre ellas cinco religiosas, por presunta financiación del terrorismo, alegando que la organización habría transferido parte del dinero recibido de donantes extranjeros al Nuevo Ejército del Pueblo, un grupo armado de inspiración comunista.
“No nos echaremos atrás”
Los misioneros, por su parte, niegan las acusaciones, calificándolas de “ataque a su apostolado, que a menudo ha documentado abusos y violaciones de los derechos humanos en todo el país, en detrimento de las poblaciones indígenas”. En este sentido, Dulay ha recordado que “la Iglesia se opone al uso de la violencia y su respeto por la vida es absoluto”. Por ello, “la Iglesia siempre apoyará la santidad de la vida humana y nunca apoyará el terrorismo”.
“Hoy se utiliza la ley como arma contra nosotros, pero no nos dejaremos intimidar ni obstaculizar nuestra misión”, asegura la RMP en un comunicado. “No nos echaremos atrás, aunque tengamos miedo. Dios nos da fuerza y sabiduría, guía nuestros pasos y nos da seguridad”, añaden. “Aquellos que pretenden manchar nuestro ministerio, diciendo que apoya el ‘terrorismo’, están diciendo mentiras que aumentan el sufrimiento y la pobreza en las comunidades marginadas”.
