Dieciséis de febrero de 2018. El Papa celebraba, como cada mañana, en Santa Marta. En su homilía, hablando sobre el sentido del ayuno y la humildad, las empleadas del hogar en su corazón: “Pienso en tantas empleadas domésticas que ganan el pan con su trabajo: humilladas, despreciadas…”.
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A continuación recordó una anécdota infantil cuando en casa de un amigo la madre abofeteaba a la mujer que llevaba a cabo las labores del hogar en esa casa. “Han pasado 81 años… No me he olvidado de eso”. Con firmeza llamaba la atención sobre el trato que se les da a las empleadas domésticas: “¿Cómo las tratas? ¿Cómo personas o como esclavos? ¿Les pagas lo justo, les das las vacaciones, es una persona o es un animal que te ayuda en tu casa?”.
Cuatro años y medio después, al menos en España, las empleadas del hogar pueden celebrar ahora un paso en su dignidad como trabajadoras: el Gobierno ha aprobado su derecho al subsidio por desempleo, y empezarán a cotizar por ese concepto desde este mismo mes de octubre.
La buena noticia la comunicó a los medios de comunicación el pasado 6 de septiembre la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien aseguró que esta iniciativa es la “más importante” puesta en marcha por su cartera en esta legislatura, porque, con ella, “España es un país mejor”.
Las grandes olvidadas
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz destacó que esta medida “pone en el centro de su actuación pública el bienestar para las que, hasta el día de hoy, han sido las grandes olvidadas: las mujeres trabajadoras más vulnerables” –el 44% son extranjeras, en su mayoría colombianas, rumanas y hondureñas, según los datos del propio ministerio–.
Al mismo tiempo, lamentó que se haya tenido que esperar al “primer tercio del siglo XX” para que estas profesionales “conquisten sus derechos en sentido pleno”. Una de las grandes conquistas de las empleadas domésticas (ellas representan el 95% del sector) es que, con el nuevo real decreto ley “feminista”, se elimina del ordenamiento jurídico el desistimiento, que permitía el despido sin causa. Con estas dos medidas se busca equiparar a las empleadas del hogar a cualquier otro trabajador.
