A un mes de que China y la Santa Sede decidan si prosiguen o no con el Acuerdo provisional para el nombramiento de obispos que firmaron en 2018 y renovaron en 2020, la tensión se eleva por la situación del cardenal Joseph Zen, arzobispo emérito de Hong Kong, quien hoy, a sus 90 años, se sentará ante un tribunal.
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Un juicio, del 19 al 23 de septiembre, en el que el purpurado, muy crítico con la firma del Acuerdo entre Roma y Pekín, deberá dar explicaciones sobre su apoyo explícito a los cientos de miles de manifestantes que en 2019 y 2020 se echaron a la calle para denunciar el intento de absorción total por parte de China de la que fuera colonia británica.
Proceso “administrativo”
El proceso se inició en mayo, cuando Zen fue detenido, aunque liberado a las pocas horas. Junto a él serán juzgadas otras cuatro personas, miembros del Frente Democrático. Para China, todos ellos eran fideicomisarios del Fondo de Ayuda Humanitaria 6.12, destinado a proporcionar apoyo económico a manifestantes detenidos y juzgados.
Al principio, esa simple pertenencia a una organización “extranjera” se consideró que vulneraba su Ley de Seguridad Nacional, por lo que, en caso de que llegara una máxima pena, podría establecer un encarcelamiento desde los tres años hasta la cadena perpetua.
La pena máxima, una multa de 1.300 euros
Con todo, las autoridades chinas no tardaron en cambiar el enfoque de la denuncia y lo encuadraron, más que en el ideológico, en el ámbito “administrativo”, asegurando que hubo un “error” al registrar la asociación de ayuda a los manifestantes. Por este presunto delito, según han asegurado estos días varios expertos, lo más seguro es que ahora se zanje el asunto con una multa de unos 1.300 euros.
Sería un castigo simbólico, pero, al fin y al cabo, una condena a un cardenal de la Iglesia en un momento de diálogo clave entre China y la Santa Sede.
