Obispo costarricense vaticina crisis humanitaria ante el creciente flujo de migrantes de tránsito

Cada vez más migrantes pasan por Costa Rica en su intento por alcanzar el llamado ‘sueño americano’. De acuerdo con la agencia de noticias Fides, en varias localidades ya se observa la concentración de estos grupos: la zona sur, la ciudad de San José, Ciudad Quesada, Los Chiles, Upala y La Cruz, pero hay también una creciente presencia en todas la diócesis de Costa Rica.

Ante esta situación, y con motivo del Día Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebró el pasado domingo 25 de septiembre, el obispo auxiliar de San José y secretario Ejecutivo de la Pastoral de la Movilidad Humana, Daniel Blanco Méndez, llamó a la comunidad católica a no ser indiferentes ante una posible crisis humanitaria, la cual podría ocurrir si no se atiende de forma integral lo que viene aconteciendo en ese país.

Explicó que a la situación ya de por sí compleja de la migración nicaragüense, se suma la de grupos procedentes de otras partes del continente, entre los cuales la situación de los venezolanos es crítica; pero también de otras partes del mundo que usan a Costa Rica como territorio de tránsito hacia Estados Unidos.

Advierte desconocimiento del fenómeno

El obispo Blanco Méndez recordó que tan solo del 1 de enero al 31 de agosto del presente año, en Panamá se registró el paso de 102.067 personas que se trasladaron a Costa Rica, por diferentes razones.

Explicó: “Las causas que, independientemente del país de origen, fuerzan su desplazamiento son diversas: persecución política, inseguridad y violencia, exclusión y pobreza, incluso la crisis climática y desastres ambientales. Muchos expuestos a ser víctimas de la trata de personas, de los traficantes que abusan de ellos, de la delincuencia común e, incluso, de las autoridades”.

Consideró que, a pesar de todos estos aspectos evidentes, todavía los costarricenses no han tomado conciencia de sus alcances y naturaleza crítica.

“Es probable que una gran cantidad de dichas personas no puedan continuar su camino y deban permanecer de manera involuntaria e indefinida en Costa Rica, muchos porque se quedaron sin dinero o no poseen los medios para solventar los obstáculos derivados del cierre de fronteras que les impide entrar y transitar por otros países vecinos”.

Por ello, hizo un llamado a la sociedad costarricense -y de manera especial a las autoridades de Gobierno de la República y a las instituciones– para que asuman esta situación desde una perspectiva de derechos humanos y a disponer de los recursos necesarios “para asegurarles el paso y su estadía en nuestro país de una manera digna”.