Escuelas Católicas alza la voz contra el informe “tendencioso” y “sesgado” sobre las cuotas en los colegios concertados

05/10/2022 | Elena Magariños

“Atacar la enseñanza concertada es atacar un modelo educativo reconocido socialmente y elegido por millones de familias en nuestro país”, denuncia la organización

-FOTODELDÍA-MRG04. MORGES, 11/05/2020.- Una maestra con mascarilla protectora con sus alumnos en una escuela primaria en Morges, Suiza, el 11 de mayo de 2020. Las escuelas primarias y secundarias suizas reabrieron sus puertas con la mitad de los estudiantes durante la actual pandemia de coronavirus Covid-19. EFE/EPA/LAURENT GILLIERON

Escuelas Católicas se ha manifestado ante el informe hecho público por las organizaciones CEAPA y CICAE sobre la presunta existencia de cuotas obligatorias en los colegios concertados. Un documento que, tal como señala la organización, resulta “tendencioso” y “sesgado”, resultado de un trabajo “encargado y costeado nuevamente” por estas organizaciones, dando lugar a un texto “totalmente dirigido, con una única finalidad: desprestigiar a la enseñanza concertada en su conjunto”.

En este sentido, Escuelas Católicas recuerda que atacar la enseñanza concertada “es atacar un modelo educativo reconocido socialmente y elegido por millones de familias en nuestro país en el que cada día desarrollan su extraordinaria labor miles de maestros”.

“Las dos organizaciones defienden modelos educativos opuestos: CEAPA la enseñanza pública, única y laica; y CICAE, la enseñanza privada de pago”, explica Escuelas Católicas, que ve un “efecto ‘pinza’ contra la concertada” que se mueve por un mismo objetivo: “eliminar la competencia que supone la enseñanza concertada en un momento de descenso de natalidad”.

Colegios seleccionados

En primer lugar, la organización denuncia que este informe “no contiene los elementos objetivos básicos para demostrar fiabilidad”, continúa, convencida de que “se han seleccionado previamente los colegios de estudio y las comunidades autónomas buscando el resultado deseado” y que “para que fuese riguroso tendría que englobar todas las comunidades y una elección aleatoria de centros de diferentes tamaños y ubicaciones”.

Asimismo, Escuelas Católicas asevera que se opone a la existencia de cualquier cuota obligatoria por la impartición de la enseñanza objeto de concierto. “Si estas organizaciones tienen información fidedigna de presuntos incumplimientos legales, deben ponerlo en conocimiento de las autoridades educativas, en lugar de emplearlo en una campaña de desprestigio general contra un modelo educativo que presta el servicio público de la educación, junto a la enseñanza pública”, añade.

Del mismo modo, la organización recuerda las múltiples denuncias que ha hecho ante “la grave situación económica por la que atraviesa la inmensa mayoría de los centros concertados, puesto que la cuantía del concierto percibida por la Administración no cubre ni el 50% de los gastos de funcionamiento de dichos centros, incumpliéndose los artículos 88.2 y 116 de la LOE vigente, que obliga a la Administración a financiar adecuadamente a los centros concertados para que puedan desarrollar su función educativa”. Asimismo, subraya que “desde 2006 (año de aprobación de la LOE) se ha incumplido la Disposición Adicional 29 de dicha Ley que establece la constitución de una comisión oficial de estudio del coste real del puesto escolar, a fin de adecuar los módulos de conciertos al coste real”.

Derecho de donación

Al mismo tiempo, la organización recuerda que “en los últimos informes sobre el coste educativo (Departamento de Educación del País Vasco o Sindic de Greuges de Cataluña)”, se demuestra que la enseñanza concertada “recibe menos de la mitad de financiación que la enseñanza pública”. Además, “en la media nacional, el puesto escolar concertado cuesta a la Administración 2.900 euros, frente a los 6.000 del puesto escolar de la enseñanza pública”.

Por otro lado, Escuelas Católicas recuerda que “el derecho de donación es un derecho reconocido en la Constitución Española y nace de la liberalidad de las personas físicas o jurídicas”. De esta manera, “las aportaciones voluntarias que puedan recibir algunos centros de padres, ex alumnos, benefactores, etc., son perfectamente legales, por su carácter voluntario y estar destinadas a un fin de interés general, como es la enseñanza”.