La Iglesia en México, a través del obispo José Guadalupe Torres Campos, responsable de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana, urgió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador replantear la estrategia y política migratoria; además le pidió abandonar la perspectiva militar y de contención, y buscar alternativas de regularización migratoria bajo una perspectiva de derechos humanos.
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Al término del XX Encuentro Nacional de Pastoral de Movilidad Humana, que tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara, el también obispo de Ciudad Juárez dirigió un mensaje a varios funcionarios, entre ellos el presidente Andrés Manuel López; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
En el texto, explicó que durante el encuentro, los directores y directoras de casas del migrante y albergues, coordinadoras y coordinadores de Pastoral de Movilidad Humana de diversas diócesis de México, reflexionaron principalmente sobre “el acompañamiento pastoral y la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad a nivel nacional”.
Asimismo, reiteró el compromiso de la Iglesia Católica mexicana con las personas migrantes, deportadas, víctimas de desplazamiento forzado interno y de trata de personas, solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, y toda persona en condición de movilidad desde el Evangelio y la caridad cristiana.
Frecuentes violaciones a los derechos humanos
Al referirse a la política migratoria del gobierno, la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana dijo ver con mucha preocupación y tristeza cómo se está ejecutando, pues “seguimos constatando las frecuentes violaciones a los derechos humanos que se cometen en agravio de las personas en contexto de movilidad: personas migrantes que siguen siendo víctimas de abusos por parte de autoridades municipales, estatales y federales”.
Asimismo, -denunció el obispo- hay solicitantes de refugio a quienes no se les respeta su documentación y son detenidos arbitrariamente por elementos del Instituto Nacional de Migración; mexicanas y mexicanos que tienen que emigrar, por la inseguridad y la falta de oportunidades, muchos de los cuales son deportados desde Estados Unidos a sus lugares de origen sin que se les ofrezcan las condiciones para rehacer su vida; y, finalmente, un aumento en el número de víctimas de trata.
El obispo Torres Campos señaló que también han visto cómo las fuerzas militares están tomando el control de la seguridad ciudadana a la par que la Guardia Nacional tiene una participación más activa en labores de revisión y verificación migratoria.
Viven precariedad e incertidumbre
Para el obispo, México está viviendo tiempos complejos en migración, deportación y refugio; se recrudecen cada vez más las violaciones a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, así como los peligros a los que se enfrentan: robos, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, entre otros.
De igual modo, señaló: “nos encontramos ante una crisis humanitaria que viven las personas migrantes de Venezuela, producto de los acuerdos políticos entre el gobierno de México y Estados Unidos”.
Lamentó la situación de precariedad e incertidumbre que viven las personas venezolanas, por lo que “les extendemos nuestras manos, y les abrimos nuestro corazón, y tengan la certeza, que la Iglesia Católica no cesará en su atención humanitaria y de caridad”.
Finalmente, señalaron que al ser la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana, la red más grande de casas del migrante, continuará con su labor cristiana de velar por los más pobres y desamparados, por las personas migrantes, y refugiadas, deportadas y víctimas de trata, y toda persona en condición de movilidad.
