El Gobierno afirma que los trabajos con la Iglesia sobre las inmatriculaciones “continúan”

“La Iglesia está dispuesta a que todo lo que no le corresponda deje de estar donde está pero demostrémoslo uno a uno”. Así lo ha dicho hoy el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, en una mesa redonda en el marco de unas jornadas sobre inmatriculaciones organizadas por Redes Cristianas.

• PODCAST: 60 aniversario del Vaticano II
• Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos

Esta red, integrada por 200 grupos, comunidades y movimientos católicos de base de toda España, exige a la Iglesia que devuelva los bienes inmatriculados, ya que consideran que es algo “inconstitucional” y “contrario al Evangelio”.

En el debate, Barriocanal ha intercambiado sus opiniones con el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera, y el portavoz de la plataforma Recuperando, Antonio Manuel Rodríguez.

¿Inconstitucionalidad?

Herrera ha asegurado que los trabajos con la Iglesia sobre las inmatriculaciones no están zanjados sino que “continúan” y se ha comprometido a recibir y escuchar a la plataforma que pide desinmatricular todos los bienes. Eso sí, ha aclarado que el Gobierno no puede declarar inconstitucionales todas las inmatriculaciones por medio de un reglamento. Sobre la derogación de los Acuerdos ha precisado que “no es una cuestión sencilla ni exenta de complejidad”.

Por su parte, Rodríguez ha tachado de “escándalo” las inmatriculaciones que, según sus datos, ascienden a 100.000 en todo el Estado, y ha pedido al Gobierno que “declare la inconstitucionalidad de todos los bienes inmatriculados”. “Es un escándalo”, ha valorado, al tiempo que ha propuesto dar un plazo de uno o dos años a la Iglesia para que regularice los bienes que pueda acreditar que le pertenecen.

Según ha indicado, “más del 80% del patrimonio histórico del Estado está a nombre de la Iglesia” y ha subrayado que esos bienes “deberían ser de dominio público”.