“Un esperanzador horizonte se abre ante nosotros, donde el hombre y mujer, con sentencia, no necesariamente han de pasar por la prisión”. Es el llamamiento que brota de la declaración final del X Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria que se ha celebrado este fin de semana en la localidad madrileña de El Escorial. O dicho de otra manera: “Que supere el binomio delito-cárcel, como la única alternativa ante el delito”.
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Bajo el paraguas del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana, los 240 participantes en el foro han reflexionado en torno al tema ‘Otro cumplimiento de pena es posible’. Para ello, han contado, entre otros, con las aportaciones del presidente de los obispos, el cardenal Juan José Omella, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo y el magistrado Arturo Beltrán Núñez.
Un trato educativo
A la luz de sus reflexiones, la Iglesia apunta como vía real el hecho de que “la prisión no es la solución a determinados delitos, puesto que con un tratamiento más educativo se evitaría el ingreso en prisión”. En la declaración final se subrayan medidas con un enfoque más “restaurativo que punitivo” y que ya funcionan como el tercer grado, el control telemático, la suspensión de condena, los talleres, los trabajos en beneficio de la comunidad…
“Lo sorprendente de estas medidas es que en ningún caso hangenerado más delitos ni más aumento de internos en prisión”, exponen los capellanes, delegados diocesanos, voluntarios, abogados y funcionarios de prisiones en este texto conclusivo. Por eso, insisten en que “las penas alternativas no sean una excepción, sino la norma habitual que ayude a la reinserción del penado”.
Recuperación social
Incluso se cita a Concepción Arenal, voz de denuncia de los vulnerables en el siglo XIX que clamó: “Odia el delito y compadece al delincuente”, para subrayar que el sistema ponga en “el centro a la persona y su proceso de recuperación social”. Así, se solicita al sistema judicial que “humanice las sentencias” para que “miren el rostro del penado y favorezcan su reinserción social”. En esta línea se exigen más recursos para poner en marcha estas medidas alternativas, además de una revisión de la normativa penitenciaria: “Que revise la legislación de las condenas largas sin un horizonte de esperanza y mucho menos de rehabilitación”.
A la par, los congresistas reconocen que esta propuesta choca con “la sociedad en la que nos ha tocado vivir”, en tanto que “sigue presionando para el endurecimiento de las penas”. Conscientes de que se apuesta “más por la justicia vindicativa, que por la justicia restaurativa”, lamentan que “el compromiso con la víctima está lejos de un verdadero reconocimiento del daño sufrido, y del derecho a una reparación justa”.
Migrantes y enfermos mentales
Además, denuncian el hecho que, dentro del perfil variado de los presos, predominan los pobres, aquellos que provienen de familias desestructuradas, los enfermos mentales y los extranjeros. Para todos reclaman un apoyo especializado tanto en la cárcel como fuera. De hecho, sobre los migrantes, se constata “la inseguridad ante el final de cumplimiento de la pena de su expulsión, sin posibilidad de una regularización en nuestro país”.
Durante el encuentro, también abordaron el futuro de la pastoral penitenciaria de acuerdo a sus tres áreas habituales de trabajo: religiosa, social y jurídica. En este sentido, hacen un llamamiento a las comunidades cristianas para que “estén abiertas a acoger a los internos en libertad, como un miembro más de la comunidad”. Así, invitan a diócesis y congregaciones, a parroquias y movimientos a poner “sus medios, materiales y espirituales, a favor de los privados de libertad, en su camino a su reinserción social y espiritual”.
Más voluntarios
En paralelo, piden que se promueva más el voluntariado penitenciario y se apueste por su formación, además de una mayor coordinación en la pastoral penitenciaria con las demás entidades eclesiales y los servicios sociales.
