Ante la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación del Presupuesto 2023, en el que temas sensibles sufrirán recortes, la Comisión Episcopal de Educación Católica emitió una declaración titulada: Educación, infancia, discapacidad… ¿son prioridades en la Argentina hoy?
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Los obispos expresaron que al darse a conocer este proyecto de presupuesto, quedó en evidencia que la educación no es una “prioridad en el ideario nacional” ni ocupa la agenda política ni social. Según los prelados, esto explica “su postergación y las enormes e inexplicables desigualdades que están a la vista en el territorio nacional, en especial en los tres niveles de la enseñanza básica que tienen por destinatarios a niños, adolescentes y jóvenes”.
Reconocieron que en la actual situación del país la economía necesita un ordenamiento de las cuentas públicas, pero el ajuste no puede recaer en las áreas vulnerables de la población, con efectos perjudiciales. Con el índice de inflación proyectado, “los recortes, la inmovilidad en las asignaciones y los presupuestos vigentes que no recibieron aumentos, dejan al descubierto las graves consecuencias que recaen en las infancias, sobre las personas con discapacidad y en los niveles obligatorios de la educación”.
Colocar la persona en el centro
La Comisión Episcopal que preside Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado, aseguró que de aprobarse este proyecto en la Cámara de Senadores, sin modificaciones, “estaríamos contradiciendo lo que en la Argentina se ha sostenido con orgullo… cuidar a las nuevas generaciones y poner todos nuestros esfuerzos por educarlas es la mejor inversión, y nunca será un gasto excesivo”.
Consideran que para mantener este ideario, se necesita —como expresaba el papa Francisco en el lanzamiento del Pacto Educativo Global— «en primer lugar, tener la valentía de colocar a la persona en el centro». Para esto, se requiere firmar un pacto que anime los procesos educativos formales e informales y no pueden ignorar que todo en el mundo está íntimamente conectado y que se necesita encontrar nuevos modos de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso.
Mencionaron luego los logros legislativos que, en su momento, beneficiaron a muchos argentinos: las asignaciones familiares (aaff), las asignaciones universales por hijo (auh) y las asignaciones por embarazo (aue). Todas asisten a necesidades básicas de sectores sociales pobres “que no pueden correr el riesgo de verse empujados a la indigencia, lo que se traduciría en más dolor, impotencia y sufrimiento de los pequeños, algo humillante para la comunidad nacional, que siempre se ha propuesto protegerlos, sobre cualquier otro interés”.
En cuanto al tema de discapacidad, los miembros de la pastoral educativa destacaron que, en tiempos gran pobreza y de falta de trabajo, hay muchas personas que sufren estas consecuencias. Si bien reconocieron que en las últimas décadas se abrieron muchas posibilidades, hay un número significativo de ellos que han quedado marginados y sin la cobertura social correspondiente (obra social, pensión no contributiva, prepagas, pami).
“Es importante que se resguarden los recursos para llevar adelante estas políticas integradoras en el área de la discapacidad”, aseveraron de cara al presupuesto, ya que esto permitiría la inclusión social de estas personas. No se trata de un lujo para la sociedad, sino de una inversión que posibilitará el crecimiento, su desarrollo, rehabilitación y su participación y presencia en la construcción del bien común.
Los reclamos
Los miembros del organismo de la Conferencia Episcopal Argentina solicitaron, entonces, al Ejecutivo y al Poder Legislativo que tengan en cuenta esta realidad para que las partidas presupuestarias permitan continuar con la asistencia necesaria y e iniciar aquellas que lo requieran. “No está demás advertir que en el contexto de una pobreza estructural, la infancia y discapacidad pueden transformarse en un nuevo grupo social vulnerable si no se priorizan sus necesidades”, advirtieron.
Con respecto a la Ley General de Educación recordaron que promueve la enseñanza obligatoria a partir de los cuatro años y hasta completar los estudios secundarios. Aun así, el porcentaje de la deserción escolar de los jóvenes en el país es muy alto. Supera más del 50% con graves consecuencias graves (imposibilidad de acceder a otros estudios o al ámbito laboral).
A este cuadro de situación se suman las dificultades que, después de dos años, puso a prueba la creatividad e ingenio de los docentes. “Es una situación que necesita ser evaluada y diagnosticada si queremos mejorar los procesos de aprendizaje y asimilación de los conocimientos recibidos”, indicaron.
Agregaron que el significativo recorte presupuestario para acceder a la evaluación e información educativa es un signo más del desinterés por buscar soluciones a problemas reales. “La realidad es que las pruebas sobre los aprendizajes nos posicionan ante una emergencia educativa que hay que asumir, sin declamaciones ni nostalgias…, sino con responsabilidad institucional. Lo que toca a educación en la ley de presupuesto debiera estar al servicio de esta soberana causa“.
Finalmente, los obispos expresaron que la mayor alegría de la que puede gloriarse el Estado es asegurar “la educación al semejante, fomentar el servicio al bien común, acrecentar la paz y la amistad social“, y cultivar los valores cívicos para arraigar la vocación democrática y republicana.
