El primer auditor general del Vaticano, Libero Milone, y su adjunto, Ferruccio Panicco, reclaman a la Santa Sede 9,3 millones de euros en daños por “haber sido despedidos tras descubrir irregularidades”, según informa Reuters.
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Ambos afirman que fueron forzados a dimitir por el cardenal Angelo Becciu, entonces sustituto de la Secretaria de Estado y hoy investigado en el mayor caso de corrupción eclesial, al que el Pontífice puso coto en 2020 apartando a Becciu y nombrando al jesuita español Juan Antonio Guerrero como prefecto de la Secretaría de Economía.
Milone, expresidente y director ejecutivo de Deloitte Italia, fue nombrado por el papa Francisco en 2015 por su afán de sanear las cuentas vaticanas y solo dos años después renunció. Entonces, Becciu alegó que estaba espiando la vida privada del personal vaticano, incluido el mismo cardenal. Un punto negado por el economista: “Hicimos lo correcto, nunca espiamos, hemos sido honestos”.
“Operación de desinformación”
La Fiscalía del Vaticano ha reabierto la investigación sobre lo ocurrido en el momento del despido en 2017. De hecho, la próxima semana Milone ha sido citado a declarar. Según ha reconocido en una rueda de prensa en las oficinas del bufete de abogados que le representa, al comenzar su servicio en el Vaticano tenía una relación fluida con el Papa, a quien le comunicaba todas las irregularidades que iba detectando.
Sin embargo, dice que, cuando comenzó a solicitar a Becciu información sobre el polémico edificio de Londres, su relación se frenó en seco. Por lo que sospecha que sus comunicaciones, que eran a través de Becciu, dejaron de llegarle. De hecho, señala que Francisco ha sido objeto de una “operación de desinformación”.
“Me han puesto una cruz por hacer lo correcto, porque hice lo que debía”, sostiene Milone, quien considera que el Vaticano ha destruido su carrera y su reputación.
