La Plataforma por las Empresas Responsables (PER), que integra a 530 entidades, de las que 16 son españolas (como Alboan, Enlázate por la Justicia, Manos Unidas o Entreculturas, de raíz eclesial) ha convocado en la mañana de este jueves 10 de noviembre en Madrid un encuentro con defensores de los derechos humanos de Brasil y Guatemala. Una oportunidad para conocer y poner rostro a quienes sufren los “abusos” de las empresas transnacionales que operan en sus países, devastando vida y medio ambiente.
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Además, ha servido para reivindicar la definitiva aprobación de la Ley de Debida Diligencia, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero que, tras ver aprobado su anteproyecto, aún no ha sido debatida en Consejo de Ministros y, por tanto, aún no ha iniciado su tramitación parlamentaria.
“Falta el empujón final”
Como ha compartido Almudena Moreno, coordinadora de Desarrollo Local Sostenible de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, “falta el empujón final”, siendo el objetivo que se pueda implementar “esta legislatura”. Y es que debe ser un compromiso de un Ejecutivo que respalde la defensa de los derechos humanos concretar un marco legal por el que las empresas españolas que operan en el extranjero sean “responsables” y paguen penalmente cuando sus malas conductas puedan dañar a las personas, a las comunidades locales y a sus ecosistemas.
La ley, que debe marcar una triple acción (“prevenir, mitigar y remediar”), es un plus de responsabilidad para empresas que puedan “relajar sus estándares” de buena conducta cuando operan en el extranjero. Entre otras cosas, “quedarían invalidadas para firmar cualquier acuerdo con la Administración pública”.
Tragedia en Brumadinho
En primer lugar, han ilustrado estas “malas prácticas” los brasileños Carolina de Moura, activista medioambiental, y Danilo Chammas, abogado defensor de los derechos humanos. Concretamente, ambos han denunciado la situación en la región de Minas Gerais, donde, el 25 de enero de 2019, en Brumadinho, se derrumbó una represa de residuos de la empresa minera Vale, acabando con la vida de 272 de sus trabajadores.
Como ha explicado Carolina, que ha desplegado una gran bandera con los rostros de todas las víctimas, “sufrimos en nuestra tierra a empresas violentas que no nos respetan”. En el caso de la represa derrumbada, recuerda a “una madre orgullosa de que su hijo trabajara en una gran empresa… Hasta que, un día, la represa cayó y se lo devolvieron muerto y con su cadáver repartido en pedazos”.
Diez años de lucha previa
Algo que, ni mucho menos, puede achacarse a un simple accidente: “Llevábamos 10 años denunciando la irresponsabilidad de la empresa. Nos movilizamos en todos los frentes: nos coordinamos con otras entidades, pedimos informes, lo denunciamos a la Fiscalía, nos reuníamos cada dos meses con los responsables de la empresa… Y siempre nos mentían y manipulaban”.
En este sentido, lo que más les duele es saber que, “tras no conseguir la empresa dos veces el informe que acreditara la estabilidad del proyecto, se lo concedió una empresa alemana. Y todo sabiendo que era falso”. De ahí la urgencia de leyes de debida diligencia que obliguen a las empresas europeas a ser responsables de sus acciones, como ha incidido Danilo, quien cree fundamental “que las multinacionales demuestren que han hecho todo lo que debían, y no como sucede ahora, que, cuando ocurre algo, es la familia de la víctima la que tiene que acreditar la mala práctica, con lo difícil que eso resulta ante la opacidad de las empresas”.
Incidencia política
En este caso concreto, a través de una labor de incidencia política, buscando alianzas con entidades locales, “estamos tratando de que la empresa alemana que acreditó a Vale pague penalmente por dar una acreditación cuando sabían perfectamente que eso no estaba bien y había un grave peligro”.
Carolina ha incidido en esta línea y ha lamentado que hoy, en Brasil, hay 74 represas de desechos de minería cuya situación “de riesgo”, estando “cuatro de ellas, y las cuatro en Minas Gerais, en un nivel de máximo peligro”. Aquí, ha reivindicado que “Minas Gerais, pese a lo que parezca por el nombre, es tan rico en minas de hierro como en agua. De hecho, nosotros hablamos siempre de que es una gran mina de agua”.
El agua o el hierro
Una riqueza natural inconmensurable que se ve amenazada por las hidroeléctricas: “Hay que decidir: o preservamos el agua o sacamos el hierro. Como están ambos al mismo nivel, son incompatibles ambos. Así, si se tira una montaña para extraer el hierro, nos quedamos sin el agua que hay bajo ella… Y nosotros vivimos del agua”.
De la tragedia que se vive en Guatemala han hablado Feliciana Herrera, coordinadora de la Alcaldía del Pueblo Maya Ixil de Nebaj, y Francisca Pérez (nombre ficticio por razones de seguridad), activista por los derechos de los trabajadores y miembro del Comité de Unidad Campesina de Coatepeque.
Toda la energía fuera
Feliciana ha contado cómo devastan su vida “tres hidroeléctricas que se llevan toda la energía que extraen de nuestra tierra al extranjero, cuando, entre nosotros, el 75% no tienen acceso a la energía”. Sobre todo, es lo que les quitan… “Pudimos detener a una minera que secaba nuestro río, que abastecía a 15.000 personas. Pero, desde 2015, con la complicidad de las autoridades locales y el Gobierno central, no respetan las sentencias en su contra y nos amenazan y criminalizan”.
De hecho, “el propio Gobierno ha impulsado leyes para el despojo de tierras, apoyando así a estas empresas. A nosotros estas nos hostigan y las mismas autoridades utilizan a medios adictos para promover campañas en nuestra contra”. En este contexto, “han concedido 300 licencias para proyectos extractivos, y todas a 50 años. Nos dejan indefensos”.
Jubilados estafados
Junto a ella, Francisca, criminalizada por una empresa de la familia española Campollo, tiene su vida pendiente de un hilo por apoyar “a 300 trabajadores a los que la empresa estafó en su jubilación, dejándoles sin nada”. En su acompañamiento desde hace 10 años en este caso, “solo 50 de ellos han sido compensados. El resto, son muy mayores y ya han muerto 60… De ellos, uno fue asesinado a balazos cuando fuimos a dialogar con la empresa. Tenía 83 años y lo mataron los mismos a los que dio su vida entera con su trabajo”.
Más allá de este terrible caso, la situación general es dramática: “Las empresas contaminan el ambiente y destruyen los pequeños cultivos de los campesinos con sus fumigaciones aéreas. Contaminan tierras y ríos, acabando con los peces. Hay ríos que directamente secan, lo que ocasiona grandes sequías en verano. En invierno, los inundan con sus presas y todo se desborda, acabando con las cosechas. Explotan a los trabajadores con salarios ínfimos. A las mujeres las acosan y las pagan aún menos… Y no dejan que los trabajadores formen sindicatos. Si ven que se organizan, los despiden y elaboran listas para que otras empresas no los contraten”.
Dos mujeres asesinadas
Lo peor, con todo, “es el asesinato de dos compañeras defensoras de los derechos humanos… Hay corrupción, violencia e impunidad”. Ahora, todos ellos esperan un paso adelante en España y que el Gobierno apruebe al fin la Ley de Debida Diligencia.
