Francisco está dispuesto a que no quede un cabo suelto ni se levante sospecha alguna de un solo euro en el engranaje vaticano y esta mañana ha hecho público dos nuevas normas complementarias: un ‘motu proprio’ por el que se busca regular “los diversos fondos, fundaciones y organismos que, a lo largo de los años, han ido naciendo en el seno de la Curia” y una ley de similar aplicación en la Ciudad del Vaticano. Con esta nueva regulación pone coto todavía más a las corruptelas que por ausencia de una normativa clara se han ido enquistado con el añadido de entidades satélites que a través de sus estatutos propios podrían escapar a la tutela de la Santa Sede.
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El propio Papa reconoce en el ‘motu proprio’ que entrará en vigor en tres meses que “estos órganos tienen una personalidad jurídica formalmente separada y una cierta autonomía administrativa”. Sin embargo, a renglón seguido determina que tienen que estar “sujetos no sólo a la vigilancia de las instituciones curiales de las que dependen, sino también al control y vigilancia de los órganos económicos de la Curia Romana”.
Supervisión continua
Entre otras medidas, el Papa dictamina que estas fundaciones tendrán que rendir cuentas directamente a la institución cural a la que pertenecen. Por ejemplo, el prefecto correspondiente podrá nombrar y sustituir a los directores, nombrar comisarios extraordinarios evaluar su plan de acción y analizar sus presupuestos. Eso sí, Francisco sitúa a la Secretaría de Economía por encima de cualquier Dicasterio, dotándole del poder de “la supervisión y el control” financiero de estas entidades tanto para aprobar la gestión administrativa como para designar auditores, verificar sobre el terreno… Es más, la nueva normativa recoge literalmente que “las personas jurídicas instrumentales deberán presentar el presupuesto y el balance final a la Secretaría de Economía en los plazos que establezca la misma Secretaría”.
En paralelo a este ‘motu proprio’ firmado por el Papa para la Curia, también ha visto hoy la luz la ley que concreta estos principios para las fundaciones vinculadas a la Ciudad del Vaticano, un documento firmado por el presidente del Governatorato, el cardenal español Fernando Vérgez Alzaga. En el documento, se especifican, tanto los requisitos para aprobar la existencia de estas entidades como su proceso de regulación, entre las que se incluyen medidas para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La transparencia como bandera
Es más, con la transparencia como bandera, el Governatorato podrá cesar a cualquier director o representante legal si no cumple con la “integridad” de los estatutos de la fundación correspondiente. Incluso se suman sanciones administrativas a estos organismos con multas que van de 1.000 a 50.000 euros por no presentar sus cuentas o saltarse alguno de los mecanismos de regulación descritos. De la misma manera, se podrá castigar a sus representantes legales, con multas de 500 a 2.00 euros, amén de inhabilitación en su cargo.
En la nueva normativa, incluso se define la figura del voluntariado y se exige a los organismos vaticanos que tengan un registro para quienes colaboran habitualmente, así como un “seguro obligatorio”. Así, se aclara que “la actividad del voluntario no puede ser remunerada en modo alguno, ni siquiera por el beneficiario”. De la misma manera, se determina que “al voluntario se le pueden reembolsar, dentro de los límites y en las formas establecidas por la organización a la que pertenece, los gastos efectivamente incurridos y documentados por la actividad realizada”.
