“Como jesuitas nos identificamos, con mérito y sin mérito, con las fronteras de fe, la justicia, la caridad, el diálogo, la preocupación por los pobres, y la investigación: sin embargo hoy con el ‘caso Rupnik’ nos aferramos a la “prescripción” y a esperar que todo pueda detenerse ahí. ¿Está el Señor llamándonos a este enfoque?”. Era la primera vez que Gianfranco Mattarazzo, ex provincial de la Provincia Euro-Mediterránea de la Compañía de Jesús, se pronunciaba públicamente sobre el caso de abusos por el cual un grupo de religiosas de Liubliana han denunciado al también jesuita y afamado artista Marko Rupnik. Lo hacía ayer, a través de Twitter, en un hilo en el que llamaba a la reflexión sobre si el ampararse en que el caso ha prescrito –ya que los abusos denunciados tuvieron lugar en la década de 1990– es lo correcto.
- PODCAST: Escuelas católicas que se encuentran
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Las respuestas no tardaron en llegar, por lo que Matarazzo, que es también director del Instituto de Formación Política Pedro Arrupe de Palermo y delegado para el apostolado social y los abusos en la iglesia siciliana, ha decidido este miércoles ampliar sus explicaciones también a través de Twitter. Anunciando, eso sí, que era la última vez que se pronunciaría o respondería sobre el caso.
“Aceptar toda la responsabilidad”
“Con todas mis limitaciones, estoy tratando de dar mi vida a la Iglesia católica a través de los jesuitas”, explica el religioso. “La mortificante dicotomía ‘conservador o progresista’ nunca me ha pertenecido. Pero hay que decirlo: el ‘caso Rupnik’ es un tsunami de injusticia, falta de transparencia, gestión cuestionable, actividad disfuncional, trabajo personalizado, comunidad apostólica sacrificada al líder y trato desigual”, critica el jesuita en su tweet.
Asimismo, subraya que el comunicado hecho público por la Compañía de Jesús, en el que se subraya que el caso ha prescrito, “relanza este tsunami”. “Un caso paradigmático de justicia denegada”, continúa Matarazzo. Se trata, para él, de “un daño mortal a la Orden Jesuita, pero más aún a la Santa Madre Iglesia”.
Por último, Matarazzo expone las claves de “lo que se debe hacer” tras el estallido del caso: “aceptar toda la responsabilidad y las consecuencias”, así como “ofrecer una reconstrucción detallada de todo lo sucedido”. Además, anima a “convocar una conferencia de prensa y responder a todas las preguntas de manera transparente” y a “abrir de par en par los archivos”. Y, por último, exige el posicionamiento del también jesuita Hans Zollner: “Quien se acredita como una voz autorizada en el tema de los abusos y siempre está exigiendo a los obispos con respecto al manejo de esta tragedia, que se pronuncie sobre su Orden”.
With all my limitations,
I am trying to give my life
to the Catholic Church through the Jesuits.
The mortifying dichotomy
“conservative or progressive”
has never belonged to me.
But it has to be said:
the “Rupnik case” is a tsunami…— Gianfranco Matarazzo S.J. (@gianfranco_j) December 6, 2022
Posicionamiento de los jesuitas
La noticia salía a la luz a finales de la pasada semana, y era reconfirmada el viernes por medio de un comunicado de la Compañía de Jesús: “El Dicasterio para la Doctrina de la Fe recibía, en 2021, una denuncia contra el P. Marko Ivan Rupnik, SJ sobre su manera de ejercer el ministerio”.
En el escrito, los jesuitas aclaran que “no hubo menores involucrados” en los hechos. De hecho, fueron religiosas de la Comunidad de Loyola de Liubliana quienes sufrieron presuntamente los abusos por parte del jesuita, quien ejercía, durante la década de 1990, de capellán de la misma.
“El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha pedido a la Compañía de Jesús que abra la investigación preliminar relativo a este caso”, continúa la congregación, que asevera que de forma “inmediata” se designó para la investigación un instructor externo. Concretamente, un religioso de otra congregación, que presentó su informe al Vaticano. Sin embargo, han pasado más de 30 años de los hechos, por lo que Doctrina de la Fe consideró, a principios de octubre de 2022, cerrar el caso porque este “había prescrito”.