La mañana de este martes 10 de enero se llevó a cabo la audiencia inicial del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, para determinar su situación jurídica, luego de que el gobierno de Nicaragua, a cargo de Daniel Ortega, lo acusara de conspirar contra la estabilidad nacional.
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De acuerdo con una breve nota de prensa del Complejo Judicial Central Managua, durante la audiencia, la autoridad judicial revisó las medidas cautelares decretadas en la audiencia preliminar, manteniendo el arresto domiciliario; asimismo, admitió el intercambio de información de pruebas y remitió la causa a juicio.
El obispo Rolando Álvarez ha sido un duro crítico del gobierno de Ortega, quien se encuentra en el poder desde enero de 2007; pero sus críticas se endurecieron tras las represiones sociales de las manifestaciones a causa de la reforma al sistema de salud en el 2018.
Vigente el oficio para la captura del sacerdote Uriel Vallejos
Desde entonces, no sólo el obispo de Matagalpa sino otros obispos, sacerdotes y laicos comenzaron a sufrir hostigamiento y persecución. Fue el 19 de agosto del año pasado cuando, después de dos semanas de permanecer sitiado dentro de las instalaciones de la curia diocesana, cuando la policía nicaragüense ingresó al inmueble para aprehenderlo.
En aquel entonces, la policía actuó bajo el argumento de que el obispo Rolando Álvarez incitaba “al odio” para “desestabilizar al Estado de Nicaragua”. Cuatro meses después, el sistema judicial de Managua oficializó su acusación contra el obispo, por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.
También informó que la audiencia inicial se llevaría a cabo este martes 10 de enero, donde la juez de la audiencia sería Gloria María Saavedra Corrales.
Cabe mencionar que en la nota de prensa de la autoridad nicaragüense se detalla que siendo que en la misma causa se encuentra acusado ello sacerdote Uriel Antonio Vallejos “por los mismos delitos, continuará vigente el oficio a INTERPOL para su captura”.
En los últimos años, la persecución religiosa en Nicaragua ha dejado como saldo la expulsión del Nuncio Apostólico, de varias congregaciones religiosas, la aprehensión de varios sacerdotes, cierre de medios de comunicación eclesiales y el hostigamiento a religiosos y laicos comprometidos que cuestionan al régimen de Ortega, algunos de los cuales ya se encuentran en el exilio.