“Ante el debate suscitado estos días” sobre el anuncio del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), de que los médicos de su autonomía deberán ofrecer a las mujeres que deseen abortar escuchar el latido de su bebé o realizarse una prueba 4D, los Obispos de las Diócesis de Castilla y León han publicado esta mañana un comunicado en el que buscan “recordar los principios que la Iglesia ha propuesto de modo constante en torno al don de la maternidad y la dignidad de la vida humana naciente”.
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En primer lugar, los prelados reiteran que “todo ser humano, más allá de cualquier condicionamiento, desde su concepción hasta su muerte natural, es siempre un bien para la humanidad y un don de Dios, creado a su imagen y semejanza, que debe ser acogido, protegido y amado”.
Reconocimiento y apoyo
Tras manifestar “nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento a las mujeres gestantes”, también expresan que “queremos estar cerca de las mujeres embarazadas que atraviesan circunstancias no deseadas o difíciles de tipo personal, familiar, laboral, económico o de cualquier índole, y ponernos a su servicio”.
En este sentido, los prelados les aseguran que “es necesario que tengan la certeza de que no están solas en sus dificultades y que pueden contar con toda la ayuda que podamos prestar desde los organismos eclesiales y de ayuda a la mujer gestante. Asimismo, es preciso que la sociedad, sus instituciones y administraciones públicas y los diversos ámbitos económicos, laborales y sociales respondan adecuadamente a todas sus necesidades”.
Base de todos los demás derechos
En otro punto, el Episcopado castellanoleonés deja claro que “la muerte provocada del ser humano, también en el seno materno mediante la práctica del aborto, no puede ser considerada como un derecho, pues niega de raíz la vida, fundamento de la dignidad humana que sostiene todos los demás derechos”.
Es aquí cuando, aunque no citan expresamente la medida propuesta por García-Gallardo, la avalan: “Ofrecer un período de reflexión y proporcionar información sobre alternativas al aborto permiten a la mujer gestante contar con elementos necesarios para ponderar sus decisiones. Asimismo, los profesionales sanitarios pueden ejercer el derecho fundamental de objeción de conciencia sin sufrir la estigmatización que supone el ser obligados a inscribirse en una lista de objetores”.
Sin el apoyo paterno
Igualmente, se desliza una crítica a la ley del aborto del Gobierno central (aunque tampoco se cita), recalcando que “desvincular de la ayuda y cuidado de sus padres, en el ejercicio de su patria potestad, a una menor embarazada que se plantea abortar la hace vulnerable y la deja sola ante una situación tan complicada”.
En todo caso, “la protección del nasciturus, habitualmente ignorado como parte concernida en esta cuestión”, debe ser considerado “como un bien primordial que el ordenamiento jurídico está llamado a reconocer, tutelar y promover”. Al menos en “sociedades verdaderamente humanas, fraternas y civilizadas”.
Diálogo social
Por ello, los obispos defienden que “es conveniente abordar esta cuestión mediante un amplio diálogo social, sosegado y racional, partiendo de la realidad, con la participación de los diversos ámbitos que configuran la sociedad, más allá de posicionamientos ideológicos o partidistas y con la ayuda de los conocimientos proporcionados por la ciencia y la antropología”.
