La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano que adopte medidas para proteger la vida e integridad personal de 11 miembros de la comunidad jesuita que sirven a la comunidad de Cerocahui, en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua.
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En un comunicado de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús se explica que la CIDH pidió también que se implementen aquellas medidas que les permitan continuar realizando sus labores pastorales y de defensa de los derechos humanos, sin ser sujetos a más actos de amenazas o violencia.
Para ello, la CIDH llamó al Estado a establecer las medidas con la participación de la propia comunidad jesuita y sus representantes. Además, requirió al Estado información de las acciones para investigar los homicidios de Cerocahui, a fin de prevenir su repetición, entendiendo que si no hay consecuencias legales por esos eventos, se asentaría un mensaje de permisividad frente a la violencia en la región.
Riesgo de daño irreparable, grave y urgente
Los jesuitas en México señalaron que tras “los terribles y dolorosos asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, junto al guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza —sucedidos el 20 de junio de 2022 en la comunidad Cerocahui— la CIDH otorgó esas medidas cautelares, por considerar que se encuentran en una situación de riesgo de daño irreparable, grave y urgente”.
Asimismo, refirió que a más de siete meses de esos hechos, la impunidad continúa, ya que el perpetrador de los homicidios no ha sido detenido; “la violencia en la región es incesante y el riesgo subsiste”.
Fue por ese motivo que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), junto con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC (CEDEHM) y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSSYDHAC), solicitaron las medidas cautelares a la CIDH.
La CIDH emitió la Resolución 2/2023 el pasado 22 de enero, en la cual advirtió sobre la situación de violencia e inseguridad que afecta especialmente a las comunidades de la Sierra Tarahumara.
Impunidad que aumenta el peligro para los religiosos
Tras recibir información de las autoridades mexicanas sobre el caso, la CIDH consideró que aún no se ha implementado un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las personas en riesgo y estimó que la impunidad imperante aumenta el peligro que enfrentan los religiosos.
Finalmente, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, agradeció a la CIDH su “oportuna intervención”.
Los jesuitas hicieron un llamado a las instituciones federales y locales responsables de implementar las medidas a que las mismas sean acordadas a la brevedad, asegurando la coordinación entre las instituciones estatales y federales, y en diálogo con las personas beneficiarias.
“También instamos a que los responsables de estos asesinatos que siguen teniendo un fuerte impacto comunitario, estatal, nacional e internacional, sean llevados ante la justicia, con el objetivo de que hechos similares no se vuelvan a repetir”, añadieron.
La Sierra Tarahumara -dijeron- aún espera la paz con justicia, dignidad, derechos humanos y reconstrucción del tejido social.
