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Justicia nicaragüense condena a tres sacerdotes a 10 años de prisión

Además de los presbíteros, también un diácono, dos seminaristas y un laico deberán purgar la misma condena; todos fueron detenidos en agosto del año pasado junto con el obispo Rolando Álvarez, cuyo juicio sigue en proceso





La justicia nicaragüense condenó a 10 años de prisión a las 7 personas detenidas en agosto del año pasado junto con el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, tras considerarse culpables de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.



Se trata de los padres Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente; el diácono Raúl Vega González, los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, y el camarógrafo Sergio Cárdenas.

De acuerdo con información difundida por sus abogados, fueron sentenciados por la jueza Nadia Camila Tardencilla, titular del Juzgado Segundo Distrito de los Penal de Managua, en una audiencia celebrada a puertas cerradas.

Más penas accesorias

La jueza Tardencilla les impuso cinco años de cárcel por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, y otros cinco por el delito de propagación de noticias falsas, ambos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.

Asimismo, les dictó “penas accesorias”, que consisten en “800 días de multas, inhabilitación de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular e inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos”, de acuerdo con la defensa de los acusados.

Con relación al proceso jurídico que se le sigue al obispo Rolando Álvarez, se dio a conocer que el 15 de febrero también se le dictará sentencia.

El obispo de Matagalpa también es acusado de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.

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