Las auditorías antiabusos made in Spain se atragantan. O se cocinan a fuego lento, según se mire. Un año después de que Iglesia y Estado anunciaran la puesta en marcha de dos estudios paralelos sobre la pederastia, tanto el bufete Cremades&Calvo Sotelo como la comisión del Defensor del Pueblo ya han dejado caer que no cumplirán con los plazos a priori establecidos.
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A la par, a lo largo de estos meses también se han traslucido de forma más o menos latente, al menos dos estilos a la hora de abordar esta encrucijada ante la opinión pública dentro de la propia comunidad católica. Más allá de la autonomía de cada diócesis y de cada congregación a la hora de abordar cada uno de los casos con su propia impronta cuasi personal, se perciben ritmos diferentes en obispos y vida consagrada en la gestión, formación, prevención, comunicación y en su relación con los poderes públicos.
Cuando el 22 de febrero de 2022 el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, comparecía en la sede madrileña de Cremades&Calvo Sotelo para desvelar la puesta en marcha de una auditoría externa para ofrecer una radiografía de la cuestión, lo hacía en nombre de los pastores y de los religiosos. Sin embargo, la decisión se habría adoptado poco antes de forma unilateral en el seno del Episcopado y se comunicó con cierta celeridad y sin apenas margen de maniobra a la Conferencia Española de Religiosos. A pesar de la sorpresa, los responsables de la plataforma que aglutina a 33.500 religiosos, respaldó sin fisuras al mandato de Añastro.
El anuncio del encargo al despacho de abogados se producía en un clima sociopolítico algo más que enrarecido, después de un goteo constante de casos por distintas vías, desde la judicial a la mediática, principalmente a través del diario ‘El País’, amén de una presión por el paso al frente para cuantificar el pasado por parte de otros episcopados europeos. La tensión se disparó a comienzos de 2022 ante la denuncia pública del escritor Alejandro Palomas que propició que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se involucrara directamente convocando un encuentro con víctimas.
‘Distancia legal’
A la par, el ministro de la Presidencia y responsable de las relaciones Iglesia-Estado, Félix Bolaños, perfiló la creación de una comisión pública por encargo del Congreso de los Diputados que se dejaría en manos del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Esta puesta de largo de Moncloa buscaba poner contra las cuerdas a los obispos. Es más, el propio Bolaños llegó a pedir la colaboración de Añastro a través de un aparente discreto contacto informal para que se integraran en la encomienda Gabilondo. Sin embargo, esta vía de colaboración se quebró cuando el ministro filtró el proyecto.
Heridos por este jaque, que se sumaba a la manipulación que ya hizo el Ejecutivo con el informe de las inmatriculaciones, se ha traducido en estos doce meses en los que podría denominarse como ‘una distancia legal’ de obispos respecto a Moncloa y, por tanto, hacia Gabilondo. Y es que, el análisis realizado por el departamento de asuntos jurídicos de Añastro, con el aval de la catedrática de Derecho Constitucional, María José Roca, determinó la inconstitucionalidad de la comisión extraparlamentaria para investigar la pederastia eclesial. En otras palabras, nada ni nadie puede obligar a la Iglesia a facilitar un solo dato ni abrir un solo archivo salvo requerimiento judicial o policial.
Esta es la máxima aplicada a rajatabla desde entonces en Añastro y así se ha trasladado a todas las diócesis que la han seguido de forma mayoritaria. Así se ha manifestado también en los contactos mantenidos por el presidente Omella y el ya ex secretario general Luis Argüello con Gabilondo: cordiales, pero estrictamente cordiales. Bajo la máxima de mantener una colaboración que se ajuste a ley, no se ha dado margen alguno, sirviéndose además de la auditoría de Cremades como argumentario de base. Esta escrupulosidad, sin embargo, ha sido percibida por la opinión pública y por las víctimas como una “no colaboración” y comienza a servir de ariete para el Ejecutivo.
En paralelo, Gabilondo fue armando su comisión de estudio que vio la luz antes del verano, con más de la mitad de sus 17 asesores externos vinculados de forma directa a la Iglesia. Al frente de sus colaboradores, Miguel García-Baró, el máximo responsable del proyecto Repara de la archidiócesis de Madrid, uno de los pocos referentes diocesanos en el acompañamiento integral a víctimas
