Los cardenales residentes en el Vaticano, a pagar. Este es el resumen del ‘rescripto’ sobre el uso de bienes inmuebles hecho público hoy por la Santa Sede, después de que un curial lo filtrara íntegro a través de una foto a un blog italiano conocido por sus ataques al actual pontificado.
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Francisco deroga las normas que permitían el uso gratuito o a precio reducido de los pisos a la Curia romana “para hacer frente a los crecientes compromisos que el cumplimiento del servicio a la Iglesia Universal y a los necesitados requiere en un contexto económico como el actual, de particular gravedad”, reza el documento.
Tras una audiencia del pasado 13 de febrero al nuevo prefecto de la Secretaría para la Economía, el laico española Maximino Caballero Ledo, el Pontífice, el documento papal se justifica por la consiguiente necesidad “de que todos hagan un sacrificio extraordinario para destinar más recursos a la misión de la Santa Sede, aumentando también los ingresos procedentes de la gestión del patrimonio inmobiliario”.
Las residentes de Santa Marta también pagarán
La disposición afecta a cardenales, jefes de Dicasterio, presidentes, secretarios, subsecretarios, administradores y equivalentes, incluidos los auditores, y equivalentes del Tribunal de la Rota Romana.
Por lo tanto, las instituciones propietarias de los inmuebles deberán aplicar los precios que se aplican normalmente a quienes no tienen cargos de ningún tipo en la Santa Sede y en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Las residencias sacerdotales intramuros también deberán aplicar las tarifas ordinarias establecidas por su propio órgano administrativo, como es el caso de Santa Marta, donde vive el papa Francisco.
La medida no tiene efectos sobre las facilidades ya concedidas en la fecha de su entrada en vigor y, por tanto, los contratos estipulados con anterioridad continuarán hasta su vencimiento natural, pero solo podrán ser prorrogados o renovados respetando lo ahora establecido, sin perjuicio de las renovaciones obligatorias establecidas por ley o por contrato. Cualquier excepción a la nueva normativa deberá ser autorizada directamente por el Papa, según se explica desde la Santa Sede.
