La ONU pide a Nicaragua liberar al obispo Rolando Álvarez

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado al Estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, y entre las que se encuentra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, a quien se le ha condenado a 26 años de cárcel por delitos relacionados con ‘traición a la patria’.

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Asimismo, pide restituir la nacionalidad y otros derechos civiles, políticos, sociales y económicos a las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones del gobierno de Daniel Ortega.

De acuerdo con información de Vatican News, esta petición de la ONU viene de la mano de un informe publicado el pasado 2 de marzo, por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, organismo independiente mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Entre las recomendaciones que hacen los expertos, está que la comunidad internacional imponga sanciones a las instituciones o personas involucradas, pues el gobierno nicaragüense está cometiendo violaciones generalizadas de los derechos humanos contra civiles motivados, por razones políticas.

Violación a los derechos humanos

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua revela en su informe violaciones y abusos a los derechos humanos que se realizan de forma generalizada y sistemática, por motivos políticos.

El informe identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018. “El Gobierno obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes”.

El informe también señaló que agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género en el contexto de la aprehensión, interrogatorio y detención de opositores.

La persecución a los opositores

El documento de la ONU, que da cuenta del trabajo del grupo de expertos, revela que desde diciembre de 2018, al menos 3,144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior.

También recuerda que las autoridades nicaragüenses despojaron hace unas semanas a 222 personas de diversos perfiles de su nacionalidad y las expulsaron del país, acusándolas de ser ‘traidores a la patria’.

“El mismo mes la Corte de Apelaciones de Managua declaró traidores a la patria a otras 94 personas residentes en Nicaragua y en el extranjero y resolvió imponer la pérdida de la nacionalidad y ordenar el decomiso de sus bienes a favor del Estado”, añaden.

Por ello, el organismo insta al gobierno a liberar de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, poner fin a las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos, y emprender investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de violaciones, abusos y delitos documentados para responsabilizar a los perpetradores.

Del mismo modo, se exhorta a la comunidad internacional “a iniciar acciones legales contra las personas responsables de las violaciones documentadas y extender las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes de derecho internacional”.