Las 10 claves de los obispos de la Unión Europea para defender los Derechos Humanos

En diálogo con los defensores de los derechos humanos en América Latina, la Secretaría de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) ha elaborado y hecho público un documento de trabajo con una serie de recomendaciones antes del debate y votación que tendrá lugar la próxima semana en el Parlamento Europeo sobre el Borrador del Informe de la implementación de las Directrices de la UE sobre Defensores de Derechos Humanos.

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El documento propuesto por los obispos presenta, así, algunas recomendaciones concretas con el objetivo de fortalecer y promover la figura de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en todo el mundo, ya que, como en palabras del papa Francisco, “arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales bajo dictaduras, regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis”. Las diez recomendaciones hechas por los prelados son las siguientes:

1. Mayor transparencia

Los obispos reclaman que el acceso a los centros de referencia de la UE los puntos en las delegaciones deben hacerse más fáciles y claros; así como que el acceso a los documentos pertinentes de la UE vinculados a las Directrices deben mejorarse. Del mismo modo, la información sobre la programación y las financiación dedicada en proyectos y programas para defensores de derechos humanos deberían revelada más ampliamente.

2. Actualizar los protocolos para nuevos casos de defensores de derechos humanos

Los obispos señalan que muchos activistas todavía están indefensos y no están representados en los protocolos de la UE. Asimismo, apuntan que estos casos también afectan a activistas medioambientales, así como a mujeres y religiosos que actúan, como defensores de los derechos humanos.

3. Garantizar el apoyo de emergencia para los casos más urgentes

Los prelados indican que el apoyo debe incluir la creación de un fondo de recursos dedicado vinculado a la protección políticas de las autoridades públicas. La mayor parte de la recaudación de fondos es ofrecida por organizaciones no gubernamentales instituciones, y, si bien reconocen su importancia, subrayan que se necesitan medidas más sistemáticas e institucionalizadas, así como soluciones estructurales.

4. Mayor protección

Los obispos reclaman la necesidad de proporcionar alojamiento adecuado y mayor protección a los defensores de los derechos humanos amenazados, incluso a través de disposiciones de facilitación de visas. Esto debería incluir acortar la visa tiempo de procesamiento, así como la creación de categorías de visa adecuadas para los defensores de los derechos humanos.

5. Acompañamiento sociosanitario

Los prelados señalan también la necesidad de proporcionar un adecuado acompañamiento psicológico y médico, asegurando no sólo la seguridad física, sino también el bienestar emocional de los defensores de los derechos humanos amenazados.

6. Inclusión en el mercado laboral

Los obispos piden que se asegure, a través del reconocimiento de títulos y certificados, las necesarias condiciones para facilitar la inclusión de defensores de derechos humanos en el mercado laboral.

7. Asistencia en el país de acogida

Reclaman, además, brindar asistencia técnica, lingüística y jurídica adecuada a los defensores de derechos humanos que forzados a salir de su país, defendiendo su dignidad, teniendo en cuenta su situación individual necesidades.

8. Contar con su opinión

Los obispos indican que es necesario realizar consultas periódicas con defensores de derechos humanos sobre la implementación y evaluación de las Directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos.

9. Toma de decisiones

Reclaman, asimismo, que se incluya sistemáticamente a las personas defensoras de derechos humanos en el proceso de planificación, puesta en marcha y implementar los esquemas y programas de protección pertinentes.

10. Fortalecer la implementación y apoyar el establecimiento de programas estatales de protección

Por último, los obispos apuntan que la UE también podría promover el intercambio de buenas prácticas basadas en la experiencia de los programas de protección existentes.