En Estados Unidos el gobierno de Joe Biden ha comenzado a plantear el restablecimiento de una política de detención familiar para los migrantes que cruzan la frontera estadounidense sin autorización legal. Esta realidad la conoce muy bien Mark J. Seitz, obispo de El Paso, en la frontera con México. Ante las medidas que entrarán en vigor el próximo mes de mayo, denuncia que “la prohibición impone innecesariamente onerosos obstáculos a los migrantes obligados a atravesar varios países en su camino hacia Estados Unidos”.
Los descartados
“Es temporal, pero no es difícil imaginar que se prorrogue cuando expire dentro de dos años. El efecto general de la prohibición será mermar aún más los derechos de las personas vulnerables que se desplazan por la frontera”, denuncia en una reflexión recogida en la revista Amercia. Para el prelado “la nueva política aumentará la carga sobre los países vecinos, como México, que ya están luchando contra el desplazamiento debido a la violencia y la inestabilidad”, lo que hará aumentar “la explotación de los migrantes por parte de los traficantes como de las muertes de migrantes”.
Además, Seitz lamenta que los permisos no se concederán por razones de asilo excluyendo así a “los más vulnerables que llegan a la frontera” siendo una política “indefendiblemente regresiva”. “Las medidas de la administración han sido tibias y han estado motivadas por el miedo y, en el caso de la prohibición del tránsito de asilo, han sido perjudiciales”, lamenta. “La muerte simplemente no puede ser una parte aceptable de los gastos generales de nuestras políticas de inmigración”, apunta tajante denunciado que “demasiadas madres, padres y niños siguen ahogándose” en el río que hace de frontera natural con México ante la “indiferencia nacional”. “Las políticas que no garantizan la protección de los vulnerables son moralmente deficientes. La muerte simplemente no puede ser una parte aceptable de los costes generales de nuestras políticas de inmigración”, concluye.
