Autoridades del gobierno estatal y federal, así como miembros de la Compañía de Jesús en México y representantes de varios centros de derechos humanos, instalaron la Mesa de Implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 22 de enero, cuando solicitó al Estado mexicano adoptar medidas para proteger la vida e integridad personal de 11 miembros de la comunidad jesuita que sirven a la comunidad de Cerocahui, en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua.
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Se trata de tres religiosas y nueve sacerdotes los que, de acuerdo con la Compañía de Jesús en México, “se encuentran en una situación de riesgo de daño irreparable, grave y urgente“, derivado de sus actividades en la comunidad y de la exigencia de justicia por los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, junto al guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza, ocurridos el 20 de junio de 2022.
En el evento de instalación de la mesa, se concretó un esquema de coordinación para la implementación de las medidas dispuestas por la CIDH; asimismo, hubo un reconocimiento por parte de las autoridades de la labor de defensa de los derechos humanos que realizan en la región las y los beneficiarios, pues reconocieron sus legítimas exigencias de justicia, seguridad y paz.
Acuerdos asumidos de manera coordinada
En ese sentido, las autoridades se comprometieron a generar acciones urgentes y estratégicas para que hechos como éste no vuelvan a ocurrir.
El acto de instalación tuvo lugar en el Palacio de Gobierno de Chihuahua y contó con la participación de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos; titulares de la Secretaría de Gobierno y de Seguridad y el Fiscal General de la entidad; así como el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en representación de las autoridades federales, los jesuitas que se verán beneficiados con estas medidas, el Asistente del Sector Social de la Provincia en México, e integrantes de las organizaciones representantes del caso.
La gobernadora Campos puntualizó los acuerdos asumidos de manera coordinada con el gobierno federal y las personas beneficiarias, para la implementación y seguimiento de las medidas cautelares. De igual forma, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en representación del gobierno federal, reconoció la labor de derechos humanos que ha llevado a cabo la comunidad jesuita en la región y ratificó el compromiso para implementar de manera coordinada las medidas para que esta labor pueda continuar.
Acompañó el evento el Representante Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y personal del Secretariado de la CIDH a distancia.
La Sierra Tarahumara aún demanda acciones conjuntas
Como parte de las personas beneficiarias, el padre jesuita Esteban Cornejo enfatizó que la labor que realizan en la sierra se ha visto trastocada por los terribles asesinatos de sus hermanos, lo que ha tenido un impacto a nivel comunitario, por lo que señalaron la importancia que tiene para la comunidad religiosa contar con protección a nivel internacional.
A su vez, el representante de la Provincia, el padre Jorge Atilano, pidió a las autoridades cumplir cabalmente con la implementación, y aseguró que la Sierra Tarahumara aún demanda acciones conjuntas y coordinadas que conduzcan hacia la construcción de paz, la justicia, dignidad, derechos humanos y reconstrucción del tejido social.
El Centro Prodh enfatizó la relevancia que tiene la investigación y la “rendición de cuentas por parte de los perpetradores de los terribles hechos, para evitar que estos se vuelvan a repetir, pues como lo señaló la propia CIDH, la impunidad en la que se mantienen los hechos ha originado la situación de riesgo en la que se encuentra la comunidad”.
Que los responsables sean llevados ante la justicia
El padre Esteban Cornejo entregó a la gobernadora, por parte de las y los beneficiarios, la cruz del padre Javier Campos “El Gallo”, como símbolo del compromiso y de memoria.
Conforme dispuso la CIDH en su Resolución de medidas cautelares 2/2023, el Estado mexicano debe adoptar medidas de seguridad para proteger la vida e integridad personal de las beneficiarias; garantizar que éstas puedan realizar sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia; así como informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que originaron la situación de riesgo. Todo ello, indicó la Comisión, debe realizarse siempre en concertación con las beneficiarias y su representación.
A unos días de que se cumplan nueve meses de los asesinatos, la Provincia en México y el Centro Prodh hicieron un llamado para que los compromisos alcanzados sean implementados de manera coordinada y en diálogo respetuoso con las personas beneficiarias, así como a que los responsables de los asesinatos de los sacerdotes Mora y Campos sean llevados ante la justicia, y se garantice la no repetición.
