Cáritas lleva ante la ONU la falta de acceso a agua limpia de cerca de 3.900 personas en España

El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal. Sin embargo, una parte de la población mundial no dispone de ella. Dentro y fuera de nuestras fronteras, Cáritas Española acompaña muchas realidades en el que el acceso al agua limpia se ve gravemente vulnerado.

• PODCAST: La fe no entiende de síndromes
• Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos

En el caso de nuestro territorio, Cáritas asiste a cerca de 3.900 personas que no pueden realizar el sencillo gesto de abrir un grifo. Se trata de infraviviendas y asentamientos informales (rurales y urbanos) ubicados en Madrid, Almería, Huelva y Tenerife.

Cáritas ha denunciado estos casos ante el Defensor del Pueblo tanto a nivel estatal como autonómico, al considerar que se trata de “una situación tremendamente grave en un país como España, donde la propia normativa obliga a todos los ayuntamientos a proveer de la misma a las personas y familias empadronadas en sus municipios”.

Para visibilizar esta grave situación, una delegación de Cáritas Española aprovechará su participación junto a la REPAM (Red Eclesial Pan Amazónica) en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2023 para dar a conocer algunas propuestas que permitan poner fin a este grave problema.

El encuentro, que tendrá lugar en Nueva York desde este miércoles -Día Mundial del Agua- hasta el 24 de marzo, servirá también para exponer la vulneración del derecho en el acceso al agua que sufren actualmente las comunidades amazónicas. Cada uno de esos casos se encuentran recogidos en el II Informe de Vulneración de DDHH de la REPAM, presentado ante la ONU el pasado mes de noviembre 2022 en Ginebra.

La delegación está compuesta, entre otros, por el cardenal Pedro Barreto, presidente de la REPAM; Patricia Gualinga, vicepresidenta de la REPAM; Francisco Urrutia, director de la Red AUSJAL; el padre Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador; Mauricio López, secretario general del Programa Universitario Amazónico (PUAM), y Sonia Olea, experta en Derechos Humanos de Cáritas Española y responsable de Incidencia Política de la REPAM.

Cáritas Española acompaña diversas comunidades amazónicas afectadas por la contaminación del agua. En concreto, en Ecuador, junto a Cáritas Ecuador, sigue los casos de los derrames de petróleo en los Ríos Napo y Coca, que afectan a decenas de comunidades indígenas. En Perú, con Cáritas Madre de Dios, en la Cuenca del Río las Piedras, supervisa la afectación minera que tiene contaminado terriblemente el río de metales pesados y que afecta a las comunidades Yine, que viven ancestralmente en sus riberas.

Cinco años de trabajo

Desde 2018, Cáritas Española viene trabajando además en conjunto con algunas Relatorías Especiales de Naciones Unidas la falta de acceso a agua limpia en algunos asentamientos y poblados en España. Las Cáritas diocesanas de Huelva, Almería, Tenerife y Getafe acompañan además a cientos de personas en asentamientos rurales y urbanos en diversos procesos de reclamación e incidencia política.

En el caso de Huelva, hace cinco años su Caritas diocesana inició un proceso de incidencia política, que le llevó a presentar varias reclamaciones ante los ayuntamientos implicados por la situación de vulnerabilidad en la que viven las personas -la mayoría inmigrantes en situación irregular- en 32 asentamientos chabolistas. Actualmente, se acaba de presentar una nueva queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz que ha sido admitida a trámite.

En Almería y Tenerife, ambas Cáritas diocesanas iniciaron en 2020, durante las primeras semanas de la pandemia, un proceso de incidencia, similar a la llevada a cabo por Huelva, en diversos ayuntamientos, para que se proveyera de agua a cientos de personas que estaban, en plena pandemia, sin acceso a la misma. En el caso de Cáritas Almería, se ha presentado nueva queja ante el Defensor Andaluz, en conjunto con Cáritas Huelva, que ha sido recientemente admitida a trámite.

En la provincia de Almería, su Cáritas diocesana tiene registrados asentamientos en La Mojonera, Níjar y Vícar. En Santa Cruz de Tenerife, la Cáritas diocesana acompaña asentamientos rurales y urbanos ubicados en Adeje, Arona, Granadilla, Puerto de la Cruz, Candelaria, La Orotava, Los Realejos, Guía de Isora y Guímar.

En el caso del asentamiento de Las Sabinas (Móstoles), Caritas Getafe presentó en 2021, una vez finalizado el confinamiento, ante el Defensor del Pueblo Estatal una queja (aún en trámite) tras no conseguir respuesta afirmativa alguna por el ayuntamiento para llevar agua limpia a este poblado. En aquel momento, más de 900 personas vivían en chabolas junto a la ribera del Río Guadarrama, 344 tenían entre 0 y 16 años.

“Nos hemos reunido con el Defensor del Pueblo estatal y con el Defensor del Pueblo andaluz para llevar todas las demandas de las Cáritas diocesanas y hacer propuestas para que el agua limpia pueda llegar a las personas y familias que tienen vulnerado este derecho”, explica Sonia Olea.

“Nunca te acostumbras a vivir sin agua”

La falta de acceso a agua limpia hace imposible llevar unas condiciones de vida digna. Mariluz lo vive a diario. Reside junto a su marido y sus dos hijos en Las Sabinas (Móstoles), el segundo asentimiento ilegal más grande de la Comunidad de Madrid. “Nunca te acostumbras a vivir sin agua. Todos queremos volver del parque con los niños y darle al grifo para ducharnos, pero eso yo no lo tengo”, asegura. Algunas de las familias que residen en este poblado, ubicado en la ribera del río Guadarrama, cuentan con un pozo que les abastece de agua no potable.

“Es agua filtrada del río, porque cuando llueve sale con tierra. No sirve ni para lavarse los dientes”, se lamenta. Además, no siempre está disponible. Con las bajas temperaturas del invierno, el agua del pozo se congela y la bomba que utilizan para extraerla deja de funcionar. Entonces las familias del poblado se ven obligadas a recorrer cientos de metros para llegar hasta una fuente pública ubicada junto al colegio Emilio Ferreiro.

La falta de un grifo con agua limpia dificulta la higiene diaria, sobre todo la de los niños. Mariluz se resiste a bañar a sus hijos de 11 y 8 años con el agua del pozo. “Pueden coger alguna infección”, asegura. Para evitar riesgos, recurre al agua embotellada. “Tengo que estar con la garrafa grande de ocho litros del Mercadona, calentándola en una olla y echarla en un cubo para bañar al niño pequeño y luego a la niña para que cuando vayan al colegio vayan con higiene y sean niños normales”, asegura.

A unos cientos de kilómetros, María siente lo mismo: “vivir sin agua, es no vivir la vida”. Lleva más de tres años en situación de exclusión residencial extrema. Su casa es una chabola en un barranco en Granadilla de Abona (Tenerife) sin acceso a agua limpia.